La autoridad judicial ha archivado la causa abierta contra Juan Carlos García -uno de los denunciantes del caso COAG- por presunto acoso, argumentando que no se justifica la continuación de las diligencias debido a la falta de relevancia penal en los hechos denunciados. El auto, dictado este 4 de junio de 2024 por el magistrado Alberto Puebla Contreras del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, desestima las acusaciones formuladas por Elisa Hernández Cruz, directora del Centro de Menores Tagoror e hija de Rafael Hernández, presidente de los agricultores y ganaderos canarios (COAG).
Hernández Cruz alegó que el investigado, exempleado del centro, había acudido repetidamente a las inmediaciones del establecimiento, supuestamente vigilando y siguiendo a los menores en tres episodios concretos: el 20, 24 y 27 de marzo de 2024. Según la directora del centro e investigada por la Fiscalía, en el primer incidente, el acusado se presentó en el centro a las 16.00 horas, mientras que en el segundo, se encontraba estacionado en la puerta y siguió a varios menores hasta un campo de fútbol. En el tercer episodio, fue visto cerca del banco de alimentos de Tamaraceite.
El grupo de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Judicial contactó con Elisa Hernández, quien añadió que el sospechoso había hablado y grabado una conversación con un exresidente del centro ahora en la península, alegando que entregó la grabación al periódico CANARIAS7, en unos hechos totalmente falsos, ya que este medio habló directamente y de forma telefónica con el testigo quien denunció la situación precaria y presuntamente delictiva que vivió en la asociación controlada por Rafael Hernández.
Venganza de los Hernández
Durante la instrucción, la denunciante ratificó su versión, mientras que el investigado negó los hechos imputados y sugirió que la denuncia era una estrategia defensiva por parte de Rafael Hernández como venganza.
Todo ello porque está siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas como posible autor de un delito de trata con fines de explotación laboral, al -entre otros hechos- haber presuntamente utilizado a diez menores migrantes que estaban en el centro de menores Tagoror para trabajar de forma irregular en su plantación de papas el 20 de junio de 2023.
En su auto, el magistrado Alberto Puebla Contreras desmontó uno a uno los argumentos de la denunciante. Señaló que los tres incidentes descritos por la directora «carecían de relevancia penal», pues en ninguno de ellos se probó contacto o interacción directa con los menores. El juez destacó que estar cerca del centro, observar a los menores o seguirlos a una cierta distancia no «constituye una conducta coactiva ni de hostigamiento».
José Antonio Penichet, abogado de la defensa.
C7
Respecto al supuesto viaje del acusado a Almería para entrevistar a un menor, el juez consideró que no se desprendía ninguna acción de hostigamiento y que, en cualquier caso, debería ser el menor quien denunciara cualquier conducta inapropiada.
El magistrado también valoró el conflicto existente entre el investigado y Rafael Hernández, recordando que el acusado había sido despedido por la asociación tras presentar una denuncia en la Inspección de Trabajo sobre la actividad del centro que derivó en varios actas de sanción por delito. Este contexto, sumado a la falta de pruebas concluyentes, llevó a la conclusión de que no había justificación para continuar con las diligencias.
El auto decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, aunque el abogado del denunciado, José Antonio Penichet, afirmó a este periódico que estaban «contentos con sobreseimiento provisional», pero entendían que era «solo el primer paso en la búsqueda del sobreseimiento libre». Anunció que estaban estudiando «si procede tomar alguna acción contra los denunciantes», dijo.
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