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El Ayuntamiento espera recaudar a lo largo del presente año unos 13,354 millones de euros en concepto de multas. Esto representa casi 1,53 millones de euros más que en la previsión inicial del presupuesto de 2020, un 13%. Este crecimiento se explica en función de las infracciones de las restricciones y limitaciones que se imponen con motivo de la lucha contra la pandemia del coronavirus.
El alto número de sanciones que han generado los comportamientos irresponsables en el término municipal capitalino justifica la inclusión de un aumento de ingresos por multas por convivencia ciudadana en el presupuesto del presente año.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con los datos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, la Policía Local impuso 16.720 propuestas de sanción por no llevar mascarillas (15.467 en inspecciones regulares y 1.253 por parte del dispositivo de paisano) y otras 612 por participar en botellones ilegales.
Esto supone que, cada día, la Policía Local denuncia 91 casos de personas que no portan mascarillas, poniendo en riesgo la salud del resto de los ciudadanos; y que otras tres personas al día son multadas por consumir alcohol en la vía pública.
Así las cosas, se entiende que la previsión de ingresos por multas relativas a la convivencia ciudadana haya pasado en 2020 de 950.000 euros a 2,48 millones de euros para el presente ejercicio.
Como recoge el mismo presupuesto, en relación a las mascarillas, «trasponiendo estos datos a un año, se supone que se podrán formular 25.452 denuncias cuya cuantía está fijada en el decreto-ley en 100 euros; si se produjera el pago anticipado, la cuantía se reduciría a 60 euros, comportaría ingresos por 1,527 millones de euros, cantidad que se añadiría a los 950.120 euros previstos para el resto de sanciones de convivencia ciudadana».
1.206. Es el número de locales de ocio y restauración que han sido denunciados por la Policía Local por no cumplir las normas de seguridad durante la pandemia, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del pasado año en la capital.
En cuanto a las multas de tráfico y el resto de sanciones, se mantienen invariables de un año para otro. Así, las infracciones por la ordenanza de circulación se quedan fijadas en 10,5 millones de euros y el resto de sanciones, en 377.325 euros.
Las multas que generan la zona azul y verde de estacionamiento regulado -que técnicamente no se considera multa sino una tasa- sí registran un descenso importante. Si en el presupuesto de 2020 se había previsto unos ingresos de 3,7 millones de euros por este concepto, para el presente ejercicio económico se deja esta cifra en 890.112 euros.
Desde el Ayuntamiento se asegura que las previsiones bajan atendiendo a los resultados de 2020, cuando se suspendió la tasa durante unos meses a consecuencia del confinamiento por la pandemia, y también porque se redujo de manera significativa el importe de la tasa por estaciona sin autoliquidación.
Sí se mantiene invariable, en cambio, la previsión de ingresos por las tasas que pagan las terrazas (410.000 euros) y las que abonan los puesteros del rastro y las distintas ferias que se celebran en la capital grancanaria (110.000 euros). En este caso, no se ha tenido en cuenta la suspensión de las tasas que también se aplicó durante la crisis sanitaria.
En lo que respecta a las principales disminuciones de ingresos, resultan especialmente notables las transferencias de capital de la administración general del Estado, que pasa de casi diecinueve millones de euros en 2020 a solo 5,5 millones este año; y a las aportaciones del Gobierno de Canarias por el Impuesto General Indirecto Canario, que de casi 51 millones de euros en 2020 pasan a 41,36 millones en el presente ejercicio, como termómetro de la caída de la actividad económica por el covid-19.
La portavoz del Partido Popular (PP), Pepa Luzardo, anunció ayer la presentación de una enmienda al presupuesto municipal para impedir que la subida del 0,9% del sueldo a los trabajadores públicos sea de aplicación también a políticos y personal de confianza del Ayuntamiento. «Este incremento, aunque simbólico, debe ser exclusivamente para los funcionarios y el personal laboral, pero en ningún caso para los representantes públicos», dijo Luzardo.
El presupuesto, que se presenta con casi cuatro meses de retraso y que no estará vigente hasta marzo, establece una previsión de ingresos por el cobro de la tasa de ocupación de mesas y sillas de 428.117 euros frente a los 410.000 euros de 2020. «En vez de llevar a cero este concepto, en plena crisis y con la hostelería en peligro de muerte, prevén incrementar la recaudación a costa de estos profesionales, algo sencillamente indecente», afirmó la edil.
También la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, resaltó la necesidad de «congelar los salarios de los representantes políticos y altos cargos». A su entender, aunque se trate de una cantidad simbólica, «si existe algún resquicio en la ley para no subir los salarios públicos, hay que articularlo porque tanto los políticos como los funcionarios tenemos una estabilidad en el empleo que no disfruta el resto de la sociedad».
Además lamentó que se mantenga la tasa por licencia de apertura. «Al que quiera poner un negocio, hay que ponerle una alfombra roja, no impuestos».
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