Este lunes se celebró la primenra sesión del juicio que sentó en el banquillo a Houari Saoulajne, acusado de haber acabado brutalmente con la vida de Orlando Hernández dentro de su domicilio en Morro Jable. Durante su declaración, esta persona, de nacionalidad marroquí, reconoció los hechos, es decir, confesó que había estado tomando alcohol en un local con la víctima, luego fueron a la casa de este y allí le asestó numerosos golpes y acabó clavándole un vaso roto y un sacacorchos.
En este escenario, el abogado de la defensa Víctor Arteaga modificó sus conclusiones iniciales en las que pedía la absolución de su cliente y pidió una pena de 15 años, atendiendo a la aplicación de una circunstancia atenuante de drogadicción. Por su parte, el fiscal Jesús Delgado Diosdado pidió inicialmente 22 años de cárcel, sin perjuicio de que al final del juicio rebaje esa cantidad si estima ajustada a derecho lo mantenido por la defensa.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, sostuvo que Houari Saoulajne atacó a la víctima con «extrema violencia», golpeándole repetidamente en la cara y el cráneo y clavándole un objeto punzante en la frente hasta en ocho ocasiones, con la intención de incrementar deliberadamente su sufrimiento.
El acusado y la víctima pasaron la noche del 9 de diciembre de 2022 en un bar del centro comercial Happy Center de Caleta de Fuste. De madrugada, ambos se dirigieron al domicilio de la víctima.
En el interior de la vivienda, el acusado desató un ataque extremadamente violento, golpeando a la víctima en el rostro y el cráneo con contundencia. Además, le infligió heridas con un objeto punzante en la zona de la frente, con el aparente propósito de prolongar su agonía de manera cruel e inhumana. El forense señaló que la víctima falleció entre las 3.00 y las 5.00 de la madrugada del 10 de diciembre debido a los traumatismos severos en la cara y el cráneo, además de una compresión externa de las vías respiratorias, lo que sugiere que el acusado presionó su cuello hasta provocar la asfixia.
Indemnización
La Fiscalía ha solicitado que se compense con 60.000 euros a cada uno de sus progenitores y 20.000 euros a cada uno de sus tres hermanos en concepto de indemnización.
Además, el Ministerio Público plantea la posibilidad de que, si el acusado recibe una condena superior a los 10 años de prisión, el Tribunal acuerde su expulsión del territorio español. Esto significaría que, una vez cumplida parte de la pena, al acceder al tercer grado o recibir la libertad condicional, sería deportado y se le prohibiría regresar a España durante un periodo de 10 años.
El juicio continuará este martes con los policías, peritos y forenses y luego toca el turno de informes de las partes.
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