La Fiscalía archiva la denuncia del Ayuntamiento contra su coordinador general de Hacienda

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de abril 2023, 02:00

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La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha remitido un oficio, firmado el jueves pasado, en el que decreta el archivo de la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contra el actual coordinador general de Hacienda y Economía, Antonio Ramón Balmaseda por unos hechos sucedidos cuando era director de la Asesoría Jurídica y a raíz de los cuales se le atribuía un presunto delito de falsificación de documento público y otro de prevaricación administrativa.

Tras las diligencias preprocesales, el fiscal responsable de la investigación, Erik Quintana Kwak, concluye que del análisis de los hechos denunciados «no se deduce la existencia de ilícito penal alguno».

En julio del año pasado, el Ayuntamiento dio traslado al Ministerio Fiscal de dos supuestas faltas muy graves cometidas presuntamente por Balmaseda «por inducir o encubrir el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades» y por «adoptar acuerdos manifiestamente ilegales que causen un perjuicio grave a la Administración».

De hecho, la resolución emitida por la directora general de Administración Pública, Mercedes Cejudo, y firmada por el concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, se informaba de la suspensión de la tramitación del expediente disciplinario abierto contra Balmaseda «hasta tanto se lleven a cabo las actuaciones por el Ministerio Fiscal y, en su caso, recaiga la resolución judicial que pueda corresponder».

La decisión de denunciar los hechos partió de la directora general de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez. Entendía que una petición de Balmaseda, fechada en 2016, cuando era el máximo responsable en funciones de los servicios jurídicos, para que dos abogados del Consistorio pudieran compatibilizar sus funciones como letrados municipales con su actividad profesional como letrados particulares, podía ser constitutiva de delito. Se basaba para ello en la inexistencia de una delegación de competencias por parte del Pleno que autorizara al director de la Asesoría Jurídica a autorizar la compatibilidad.

Sin embargo, el fiscal considera que el escrito de compatibilidad que presentó Balmaseda no puede considerarse como una prevaricación administrativa. «Tal escrito tuvo por objeto lograr que, en la plataforma informática de la Administración de Justicia, tales letrados pudieran acceder tanto con su perfil o rol individual como con el correspondiente a letrado del Ayuntamiento. Por tanto, tal resolución, por sí sola, no puede ser entendida como una expresa habilitación de los letrados para que compatiblizaran el cargo público con actividades profesionales o económicas privadas», sentencia el fiscal Quintana Kwak. Además, el hecho de que la petición no se cursara en el seno de un procedimiento administrativo hace que, «ni siquiera sumiendo la posibilidad de que fuera un acto de inducción, sería apreciable el delito de prevaricación».

El fiscal recuerda que el delito de prevaricación administrativa no solo debe ser una resolución arbitraria emitida a sabiendas de que es injusta, sino que también debe ser «un acto administrativo (...) de contenido decisorio que afecta a los derechos de los administrados y a la colectividad en general».

En cuanto al delito de falsedad documental, la Fiscalía ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto porque considera que, en caso de que se hubiera cometido, ya habría prescrito.

La denuncia contra Balmaseda surge de otro procedimiento judicial iniciado por la Asesoría Jurídica contra otro de los abogados del Ayuntamiento.

A partir de ahí, Felicitas Benítez pone en conocimiento de Administración Pública de los hechos denunciados. Esto, en principio, genera dudas sobre las competencias del área de Personal y se anima a la Asesoría Jurídica a denunciar los hechos ante la Fiscalía.

Dos semanas después, la respuesta de la Asesoría Jurídica hace reconsiderar su posición inicial a Administración Pública y, en octubre de 2021, se ordena la apertura de una investigación.

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Estos hechos se producen casi un año antes del enfrentamiento que se produjo entre la Asesoría Jurídica y Recursos Humanos con un cruce de reproches por el elevado número de bajas entre los letrados municipales.