La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha anunciado que va a interponer un recurso de casación contra la sentencia que absolvió a los empresarios Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, que fueron acusados y juzgados de haber eludido pagos a Hacienda y la Seguridad Social para multiplicar sus beneficios al frente de la compañía Seguridad Integral Canaria (SIC).
Este fallo, dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, exoneró de responsabilidad criminal a los dos acusados, aunque contó con el voto particular de la magistrada Mónica Herreras.
La sentencia fundamentó la absolución, en su mayor parte, en la nulidad de la instrucción que provocó el exmagistrado Salvador Alba al manipular la causa contra Miguel Ángel Ramírez para tratar de perjudicar a la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell.
En cuanto al único ejercicio fiscal que quedaría fuera de esa nulidad, la Sección Primera no observó suficientes pruebas de que Seguridad Integral Canaria eludiera sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
Ahora, el ya previsible anuncio de casación formulado por la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, se une a los plasmados por parte de la Abogacía del Estado, de la mano del letrado Alejandro Royo-Villano, y el sindicato USO con el abogado Ismael Franco al frente.
Hay que recordar que Evangelina Ríos había pedido para Ramírez una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa, mientras que para De Armas interesó 14 años de prisión y 79,32 millones de multa.
Mientras, la Abogacía del Estado acusaba de cinco delitos de defraudación a Hacienda y nueve de fraude en cotizaciones a la Seguridad Social al presidente de la UD Las Palmas.
Por último, USO anunció que su recurso estaba avalado por el voto particular de la magistrada Herreras discrepó con «gran contundencia, el pronunciamiento de los otros dos jueces».
Voto particular
Es previsible que los recursos de casación que planteen las acusaciones se fundamenten, en gran medida, en los planteamientos ya expuestos en el voto particular de esta sentencia.
En el mismo, la magistrada Mónica Herreras entendió que entre 2009 y 2013, Miguel Ángel Ramírez recurrió a una ficción consistente en disfrazar de pago de dietas, lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria.
Ramírez hacía esto, sostiene el voto particular, porque las dietas están excluidas de la obligación de retención que incumbe a todo empleador respecto del IRPF de sus trabajadores y también de la base de cotización, a partir de las que se calculan las cuotas a ingresar en Seguridad Social de los mismos.
La magistrada consideró que SIC se ahorraba, por tanto, el abono de las retenciones por el IRPF de sus trabajadores, y de las cotizaciones de los mismos a la Tesorería de la Seguridad Social, de todo lo que se pagaba a los trabajadores de la empresa (vigilantes de seguridad) bajo la intencionada e incorrecta calificación de dietas, en lugar de horas extraordinarias.
SIC, abunda el documento, ocultó y omitió, con el consiguiente perjuicio para el tributario público más de 11 millones de euros entre enero de 2009 y diciembre de 2012 a la Seguridad Social. También afirma que Ramírez firmó un acuerdo con el comité de empresa que puede considerarse nulo y que inaplicaba el convenio colectivo, y empeoraba las condiciones de trabajo de los empleados, unas tesis rechazadas por la sentencia.
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