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El pasado martes, 19 de noviembre, un interno del Centro Penitenciario Las Palmas II, en Juan Grande, falleció tras atragantarse durante la cena en la enfermería del centro. El recluso, identificado como Claudio P. A., padecía problemas de deglución que requerían una dieta especial. Según pudo saber este periódico, la comida no le fue servida triturada, lo que habría provocado el incidente.
En el momento de los hechos, el centro contaba únicamente con dos técnicos de ATS como personal sanitario, lo que dificultó la realización de maniobras avanzadas como una traqueotomía. Las primeras atenciones fueron llevadas a cabo por los propios internos ordenanzas de la enfermería, quienes cuentan con conocimientos básicos de primeros auxilios, pero los intentos por salvarle la vida resultaron infructuosos.
Actualmente, la prisión, que tiene capacidad para poco más de 1.000 internos, enfrenta una disminución en la atención sanitaria. Según trabajadores del centro, en el pasado los médicos realizaban consultas presenciales en los módulos semanalmente, pero esta práctica ha desaparecido por la falta de personal, lo que podría generar problemas en la atención de urgencias y en la administración de medicación.
Este caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios de Canarias. Esta misma semana, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, solicitó que las instituciones penitenciarias del archipiélago vean «mejorados y ampliados sus recursos asistenciales». La diputada nacionalista subrayó la necesidad de que el Ministerio del Interior adopte medidas urgentes para completar las plantillas de médicos y enfermeros, señalando que la falta de especialistas está provocando «situaciones de peligrosidad en los centros de reclusión».
Durante su intervención en el Congreso, Valido destacó que los problemas en los centros penitenciarios de Canarias, como Las Palmas II y Tenerife 2, se agravan por la insularidad y la lejanía del territorio respecto al resto del Estado. Además de reclamar mejoras en la asistencia sanitaria, incidió en la importancia de abordar cuestiones como la seguridad laboral de los trabajadores, la salud mental de los internos y el acceso a recursos básicos. Valido advirtió que la situación actual no solo compromete la calidad de vida de los reclusos, sino también la seguridad y el buen funcionamiento de las instituciones penitenciarias.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo debido a supuestas irregularidades en los traslados sanitarios de internos desde el Centro Penitenciario Las Palmas II. Según su denuncia, en un reciente traslado urgente de un preso al Hospital Insular, se incumplieron los protocolos establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre conducción y custodia de internos.
Esta asociación está pidiendo desde el año 2016 -cuando Mercedes Roldós era delegada del Gobierno- una UAR, unidad de acceso restringido donde se custodian a presos y detenidos. Ante este problema, cada vez que se traslada a un paciente de este tipo, tiene que haber una pareja de agentes custodiándolo con el perjuicio que eso supone.
El caso al que hace referencia tuvo lugar el pasado 25 de septiembre, cuando un interno fue trasladado sin ambulancia y con documentación médica incompleta, ya que la hoja de traslado no estaba firmada ni por el médico ni por el personal de enfermería autorizado. La razón del traslado era realizar una radiografía por un dolor en la mano, pero el agente denunciante cuestiona la urgencia del caso y la falta de información precisa sobre el estado del interno, que se encontraba condenado por narcotráfico. Al ser penado por este delito, el protocolo establece que vayan más de dos guardias al traslado y en esta ocasión, no le dieron la información a los agentes.
La Instrucción 8/2009 establece que los traslados deben realizarse bajo estrictos protocolos, priorizando la atención médica y garantizando la seguridad tanto del interno como de los agentes responsables y del personal hospitalario. Además, indica que los traslados deben ser acompañados de un informe médico firmado y, en casos urgentes, la custodia debe realizarse con medidas de seguridad adicionales si el interno pertenece a colectivos considerados de riesgo, como los clasificados en el régimen FIES.
En este caso, el representante de la AUGC destaca que el documento de traslado no estaba debidamente completado, lo que, según su queja, pudo haber comprometido tanto la seguridad como la atención sanitaria del interno. Asimismo, señala que este tipo de irregularidades no solo suponen un incumplimiento normativo, sino que también generan inseguridad para los agentes encargados de la custodia y para el personal médico que los atiende en hospitales públicos, que en muchos casos no cuentan con Unidades de Acceso Restringido (UAR).
La AUGC reclama una revisión urgente de los procedimientos aplicados en el Centro Penitenciario Las Palmas II para garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos. También hace un llamado a las autoridades penitenciarias para reforzar la coordinación con el personal médico y los cuerpos de seguridad.
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