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El pasado martes, 19 de noviembre, un interno del Centro Penitenciario Las Palmas II, en Juan Grande, falleció tras atragantarse durante la cena en la enfermería del centro. El recluso, identificado como Claudio P. A., padecía problemas de deglución que requerían una dieta especial. Según pudo saber este periódico, la comida no le fue servida triturada, lo que habría provocado el incidente.
En el momento de los hechos, el centro contaba únicamente con dos técnicos de ATS como personal sanitario, lo que dificultó la realización de maniobras avanzadas como una traqueotomía. Las primeras atenciones fueron llevadas a cabo por los propios internos ordenanzas de la enfermería, quienes cuentan con conocimientos básicos de primeros auxilios, pero los intentos por salvarle la vida resultaron infructuosos.
Actualmente, la prisión, que tiene capacidad para poco más de 1.000 internos, enfrenta una disminución en la atención sanitaria. Según trabajadores del centro, en el pasado los médicos realizaban consultas presenciales en los módulos semanalmente, pero esta práctica ha desaparecido por la falta de personal, lo que podría generar problemas en la atención de urgencias y en la administración de medicación.
Este caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios de Canarias. Esta misma semana, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, solicitó que las instituciones penitenciarias del archipiélago vean «mejorados y ampliados sus recursos asistenciales». La diputada nacionalista subrayó la necesidad de que el Ministerio del Interior adopte medidas urgentes para completar las plantillas de médicos y enfermeros, señalando que la falta de especialistas está provocando «situaciones de peligrosidad en los centros de reclusión».
Durante su intervención en el Congreso, Valido destacó que los problemas en los centros penitenciarios de Canarias, como Las Palmas II y Tenerife 2, se agravan por la insularidad y la lejanía del territorio respecto al resto del Estado. Además de reclamar mejoras en la asistencia sanitaria, incidió en la importancia de abordar cuestiones como la seguridad laboral de los trabajadores, la salud mental de los internos y el acceso a recursos básicos. Valido advirtió que la situación actual no solo compromete la calidad de vida de los reclusos, sino también la seguridad y el buen funcionamiento de las instituciones penitenciarias.
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