Arturo Ramírez González, Manuel Santana Cazorla y Manuel Fernández González, que formaron parte de la gestión de la empresa Anfi Sales SL, se enfrentan a penas de tres años de prisión cada uno, multas económicas de 15.000 euros cada encausado y al pago conjunto de una indemnización de 780.940 euros, por haber -presuntamente cometido un delito de administración desleal- . La Fiscalía Provincial de Las Palmas señala en su escrito de acusación que estas personas habrían perjudicado los intereses de Anfi Sales SL mediante decisiones adoptadas en su calidad de gestores de la empresa.
El juicio por estos hechos se celebrará ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas el próximo martes, a partir de las 9.30 horas.
Los hechos que van a ser juzgados se centran en la reunión del consejo de administración de esta mercantil celebrada el 10 de abril de 2018, en la que los acusados, según el escrito del Ministerio Público, aprobaron el pago de una indemnización de 780.940 euros a Arturo Ramírez González por la finalización de su relación laboral con el grupo Anfi. Dicho acuerdo se habría tomado, según la Fiscalía, sin que existiera pacto contractual alguno que justificara esta cantidad. Además, se ejecutó de forma inmediata una transferencia bancaria por un monto de 718.464,80 euros, una vez aplicadas las retenciones fiscales pertinentes, cargada directamente a las cuentas de la mercantil.
Ese mismo día, el acusado Arturo Ramírez González fue contratado nuevamente por el grupo empresarial como asesor estratégico, estableciendo un salario anual de 144.060 euros, cantidad a pagar en 12 mensualidades. La Fiscalía Provincial de Las Palmas considera que estas decisiones, adoptadas por los tres acusados de manera concertada, constituyen un acto de abuso de funciones y administración desleal en perjuicio de los intereses económicos de Anfi Sales SL.
La acusación señala que estos hechos encajan en el delito de administración desleal y la pena solicitada por esta parte es de tres años de prisión para cada uno de los acusados, así como su inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena. Además, se solicita que los tres indemnicen solidariamente a Anfi Sales SL con 780.940 euros, más los intereses legales incrementados en dos puntos.
El escrito de la Fiscalía también menciona que Manuel Santana Cazorla tiene antecedentes penales susceptibles de cancelación, mientras que Arturo Ramírez González cuenta con antecedentes firmes por delitos de violencia de género, aunque no computan para la presente causa a efectos de reincidencia. Manuel Fernández González, por su parte, no registra antecedentes.
Según detalla el escrito de acusación, el grupo empresarial Santana Cazorla SL, al que pertenecen los acusados Manuel Santana Cazorla y Manuel Fernández González, controla el 50% del capital social de Anfi Sales SL al ser titular de 1.179.538 participaciones sociales, estructura que habría facilitado la adopción de las decisiones cuestionadas. Según el Ministerio Público, estas actuaciones se llevaron a cabo con pleno conocimiento del perjuicio económico que generaban a la mercantil. Francisca Trujillo Dávila, Alberto Santana Trujillo, Santiago Santana Trujillo y Virginia Santana Trujillo, desde el 13 de junio de 2016, ostentan el 42,94% del capital social del Grupo Santana Cazorla SL.
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