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La denuncia pública protagonizada por un grupo de vecinos del risco de San Nicolás en la edición impresa y en la digital de CANARIAS7, el pasado 14 de febrero, llamó la atención de la Diputación de Común.
Los afectados exponían en ese reportaje los problemas de movilidad que vienen padeciendo desde que un 14 de febrero, pero del año 2018, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria procedió al cierre de un tramo de la calle Sierra Nevada, en la parte alta del barrio, para ejecutar la construcción del mirador Punta de Diamante
Los afectados, liderados por Israel Medina, presidente de la asociación vecinal y cultural Cofiris, explicaron que el proyecto, que según las previsiones de Urbanismo tenía un plazo de ejecución de seis meses, obligó a modificar el itinerario de la línea 80 de Guaguas Municipales (Teatro-San Francisco), la única que presta servicio en el barrio.
Sin embargo, como apuntaba Medina en la información, la aparición de los restos de la muralla original de la ciudad hizo que se pararan los trabajos de un proyecto que afirmaba «está dejado de la mano de Dios».
Asimismo señalaba que esa actuación que continúa en pausa llevó aparejada la supresión de «cinco paradas» del itinerario de la 80. Una circunstancia que sigue condicionando la movilidad de unos vecinos que afrontan el hecho de haberse quedado con un único punto de espera y acceso al servicio de transporte público, junto al Hospital Juan Carlos I.
Medina insistía en que este cambio de itinerario del servicio de transporte público perjudica especialmente a los residentes mayores pero también a los que llegan al barrio tras hacer la compra, acudir a las citas médicas, ir a trabajar o a estudiar, y deben caminar «más de un kilómetro» hasta sus hogares.
Estos hechos expuestos por los afectados despertaron el interés de la Diputación del Común, que se preocupó en mantener un encuentro con los portavoces vecinales para conocer la problemática de primera mano.
Un encuentro que se materializó este martes y que protagonizaron la adjunta segunda de la institución, Aránzazu Tejera, el propio Medina y Delia Mujica otra residente en el barrio capitalino y colaboradora de la entidad vecinal.
En ese encuentro, que el presidente de Cofiris asegura «fue muy positivo», los representantes ciudadanos también expusieron otros asuntos de interés para el barrio, relacionados con aspectos urbanísticos -que condicionan un barrio singular por su orografía-, patrimoniales y también educativos.
Señala el portavoz del risco que ahora tienen que presentar a la Diputación del Común las pertinentes quejas sobre los diversos asuntos que denuncian, adjuntando la documentación que ya han presentado al consistorio pidiendo soluciones. Algo que permitirá al alto comisionado del Parlamento canario poder acometer su labor y requerir la información que considere al Ayuntamiento.
«A ellos están obligados a contestarles», dice Medina confiado en que la respuesta municipal que solicita llegue de la mano de esta institución. Y es que asegura que lleva «más de un año esperando para reunirme con el concejal de Urbanismo». Pero le remiten a la «Concejalía del Distrito» en una maniobra que entiende busca «dilatar» la cita.
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