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Tras negarle su validez como interlocutora a la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, los trabajadores del servicio municipal de Recogida demandan al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que se siente a negociar con ellos el reintegro de los sectores urbanos que hasta el estallido de la pandemia estaban cubiertos por el Ayuntamiento y que, desde entonces, se entregaron a la compañía FCC. En su momento, el Consistorio optó por entregar la recogida de contenedores de veintitrés barrios a FCC -que viene haciéndolo por contrato en el centro de la ciudad- debido a que las bajas que generó el covid-19 impedía garantizar el servicio. Como dijo la propia Medina en una comisión, fue una decisión sustentada en la necesidad de garantizar la salud pública.
Sin embargo, el comité de empresa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos entiende que puesto que los empleados ya se reincorporaron al servicio, no tiene sentido que el Ayuntamiento mantenga en manos privadas unos sectores que podían estar siendo cubiertos por el servicio público municipal.
Esto está provocando que, en estos momentos, el Ayuntamiento esté pagando dos veces por un mismo servicio pues no solo abona el trabajo que realiza FCC, sino que también tiene que pagar a los trabajadores que estaban asignados a estas zonas de la ciudad.
Se trata de los callejones de San José, El Batán, la fase III del polígono de Jinámar, las Ramblas y el Mirador del Valle, La Paterna y Nueva Paterna, Los Tarahales, Casablanca III, Ciudad Jardín, La Isleta, Nueva Isleta, Las Coloradas, Schamann, Escaleritas, El Cardón, Carretera de Chile, Las Majadillas, La Galera, Las Perreras, Lomo Los Frailes, La Galera y El Sebadal.
En estos barrios, no solo se paga a los empleados del servicio municipal de Limpieza sino que, ahora, se abona también el servicio que presta FCC y que, según los trabajadores públicos, puede tener un coste que ronda los cuatro millones de euros.
Cuando se justificó la prolongación de la privatización temporal de este servicio, se especificó que «dadas las especiales características de los servicios a realizar, y sobre todo la incertidumbre sobre su duración y al no ser posible determinar el coste de los mismos, se tomará como referencia para los cálculos futuros el presupuesto presentado por la empresa».
FCC informó al Ayuntamiento que cada equipo de trabajo tiene un precio por jornada que ronda entre los 670 euros y los 853 euros. Y que se necesitan trece equipos para cubrir esos sectores.
Mientras, los trabajadores que se han incorporado al servicio ven cómo ha descendido su carga de trabajo por la usurpación de funciones que ha hecho la empresa privada. «Hay días en los que ves a cinco o seis trabajadores que se quedan aquí porque no hay trabajo», expone el presidente del comité de empresa de Residuos Sólidos Urbanos, Rafael Hernández, «y los que tienen suerte de salir a trabajar, terminan entre las diez y media y las once, cuando deberían acabar a la una de la tarde».
Cree que el grupo de gobierno está «desmontando el servicio» y que se quiere «dejarlo morir» para justificar una privatización permanente. Por eso, insiste Hernández, «se está dejando la parte pública en los sectores de la ciudad que son menos rentables».
Ello hace que los datos de eficacia de recogida sean peores. «Al quedarse la parte pública con barrios más alejados y menos poblados, no solo se tarda más sino que los camiones vienen al 70% de su capacidad», añade.
El comité de empresa de Recogida de Residuos Sólidos reconoce que falta personal y que esto puede poner en entredicho la respuesta en un máximo de cinco sectores, pero entiende que eso no justifica que se cedan veintitrés barrios a la mercantil.
La necesidad de mantener el servicio en manos públicas fue trasladada ayer por parte del comité de empresa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos a los concejales de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, con quienes se reunieron en la sede del servicio municipal de Limpieza.
El portavoz nacionalista, Francis Candil, aseguró que el grupo municipal de gobierno «está demonizando al servicio, con la misma estrategia que se empleó cuando quisieron privatizar Guaguas Municipales».
En su opinión, se podría haber mantenido los veintitrés sectores entregados a FCC bajo manos públicas, simplemente activando las listas de reserva para cubrir las bajas del servicio.
«Hay trabajadores que están sentados esperando a que les den trabajo», denunció Candil a la salida de la reunión, «el alcalde tiene que bajar del cielo del Ayuntamiento y ponerse a hablar con los trabajadores de Limpieza».
El edil considera que ya no tiene sentido mantener la contratación «a dedo» porque el estado de alarma ya no está vigente en este país.
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Fernando Morales y Sara I. Belled
Cristina Cándido y Álex Sánchez
Rocío Mendoza | Madrid y Lidia Carvajal
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