Deniegan la libertad a un detenido con 3.000 kilos de cocaína en un yate rumbo a Canarias

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado el recurso de un detenido que pedía quedar en libertad provisional después de que el 29 de noviembre del año pasado se le incautaran en su embarcación tres toneladas de cocaína al ser interceptado en aguas internacionales y trasladado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

En la actualidad el procesado, original de la ciudad venezolana de Güiria, y más miembros de la tripulación, permanecen privados de libertad desde el 1 de diciembre del año pasado tras haber sido detenidos.

Su defensa alegó que no fue puesto a disposición judicial hasta el 9 de ese mes, cuando ya se encontraba en dependencias policiales de la capital grancanaria.

El letrado recuerda la obligación de cumplir con este requisito legal tan pronto como sea posible y siempre antes de 72 horas, lo que no se llegó a cumplir, «considerando que la resolución de prisión podría resultar nula».

La Audiencia repasa que el 29 fueron detenidos, el 1 de diciembre la Fiscalia decretó su prisión provisional, aclarando entonces que quedaba a disposición judicial una vez que llegara al puerto, lo que ocurrió el 6 de diciembre, de manera que la comparecencia se llevó a cabo el 9, por lo que se habría cumplido con el plazo.

También planteaba el abogado que los tribunales españoles carecerían de jurisdicción para conocer los hechos investigados, dado que la embarcación fue interceptada en aguas internacionales y no hay indicios de que se dirigiera a España o a cualquier otro punto de la Unión Europea (UE).

La Sala explicó que no se pudo cumplir con el plazo porque resultó imposible trasladar al embarcación a un puerto español, que ésta fue hundida y que el buque que se usó para llegar a puerto carecía de sistema de telecomunicaciones para su puesta a disposición judicial telemática.

Finalmente, se escogió Las Palmas de Gran Canaria como punto de arribada y a partir de entonces se llevaron a cabo las actuaciones de toma de declaración y resolución posterior sobre su situación personal.

La Sala y Fiscalía se oponen a la libertad provisional dado que al tratarse de un delito de tráfico de drogas España tiene la jurisdicción por medio de los correspondientes convenios internacionales, tal y como ha ocurrido en numerosos casos.

En el presente concurren los requisitos para decretar la libertad provisional, tal y como se explica en el auto emitido el 9 de diciembre donde se explica como diez días antes el detenido formaba parte de la tripulación de una embarcación de un pesquero con pabellón de Venezuela.

En su interior se encontraron 110 fardos conteniendo con cerca de tres toneladas de cocaína, lo que podría suponer un delito contra la salud pública en la categoría de notoria importancia y extrema gravedad por la cantidad de droga incautada y su peligrosidad.

Los indicios apuntan a la implicación del apelante en los hechos investigados por la sustancia encontrada, que no estaba oculta y el contenido de las comunicaciones detectadas por los investigadores policiales.

«La gravedad de estos hechos y de las penas que llevan aparejados hacen que la medida de prisión provisional sea proporcionada a las circunstancias y evidencia la existencia de riesgo de fuga para el caso de que el apelante quedara en libertad», indica la Audiencia Nacional.

Todo ello unido a «su falta de arraigo y vinculación alguna con España y la aparente facilidad para desplazarse por distintos territorios que le podría facilitar la sustracción a la acción de la justicia si esa fuera su intención», concluye.

• Temas
• Drogas
• Cocaína
• Narcotráfico
• Prisiones
• Venezuela
• Las Palmas de Gran Canaria