Betancor: «Las cosas que hizo con mi padre son atroces, brutales, planeó acabar con su vida»

La defensa del jornalero acusado de haber asesinado en una finca de Santa Brígida (Gran Canaria) a su jefe, el abogado Juan Betancor, tras rociarle con gasolina y gasóleo y prenderle fuego el 29 de mayo de 2022, mantiene que la muerte de la víctima se produjo de forma accidental.

Es la tesis que ha expuesto en la primera jornada del juicio ante Jurado que se celebra en la Audiencia de Las Palmas, en el que las acusaciones tratarán de probar que, en cambio, que fue un asesinato «brutal» motivado por «odio y resentimiento».

La fiscal Cristina Coterón y la acusación ejercida por la familia de la víctima, a la que representa su hijo, el abogado Juan Jabob Betancor, han señalado que el procesado, A.P.G., de 74 años y natural de Cabo Verde, cometió un asesinato con alevosía y ensañamiento y que, además, amenazó con un cuchillo y encerró a su viuda para evitar que pidiera auxilio.

El Ministerio Público reclama una condena de 30 años y medio de prisión por asesinato con dos agravantes, amenazas y detención ilegal, la acusación particular eleva la petición a 33 años de cárcel y la defensa ejercida por el abogado de oficio Emilio Collazos solicita la libre absolución de su cliente, que declarará la próxima semana, una vez que se practique la prueba.

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Una prueba que para el hijo del fallecido «es clara y evidente» y demuestra que el procesado, que llevaba 16 años viviendo y trabajando en la finca, «quiso matar y preparó» la muerte de su padre; conocía sus costumbres y esperó al día en que se encontraba allí para hacerlo «sin ninguna posibilidad de defensa», según ha expuesto al tribunal.

«Las cosas que hizo son brutales» y por ello será un juicio difícil, pero ha afirmado que tiene el convencimiento de que resultará «sencillo» para el tribunal declarar al acusado culpable de la muerte de su padre, al que asegura que dejó atrapado en el aljibe en el que se metió para apagar las llamas, después amenazó con un cuchillo a su madre para que le diera el móvil y la encerró en la casa para evitar que pidiera auxilio, pero sin éxito.

La mujer logró escapar por una ventana y, tras saltar el muro de la finca, pudo pedir auxilio a una vecina, según las acusaciones.

El letrado Emilio Collazos ha señalado al tribunal que su defendido roció de gasolina y gasóleo a Juan Betancor porque le había reñido por mantener la luz encendida del lugar donde se alojaba, pero no le prendió fuego con un mechero, sino que fue una chispa del puro que fumaba Betancor la que lo originó.

Su defendido «no es ningún monstruo», es de Cabo Verde y «negro», trabajó para la familia durante 16 años pero «sin Seguridad Social y sin vacaciones», en una situación que ha calificado de «secuestro».

Se trata de una persona «con mucho miedo a ser denunciado», como les ocurre a todos los inmigrantes irregulares y «solo quería sus papeles» para poder trabajar en un barco, pero «a Betancor no le interesaba», ha indicado Collazos, quien ha añadido que «vivía peor que los esclavos de Nueva Orleans».

El letrado además ha dicho que A.P.G. tapó el aljibe donde se había metido la víctima para evitar que las llamas se propagaran por la finca y que como estaba asustado se fue, si bien cuando caminaba por la carretera fue él mismo quien contó a la Policía lo sucedido y que se sentía culpable del accidente, que no hubiera concluido con la muerte de Juan Betancor si la ambulancia no hubiese tardado tanto en llegar, ha apuntado.

Juan Betancor fue encontrado por los agentes de la Policía Local de Santa Brígida en el aljibe aún con vida, por lo que fue evacuado en ambulancia hacia el Hospital Doctor Negrín y, posteriormente, trasladado en avión médico hasta el Hospital La Paz de Madrid por la gravedad de las quemaduras, que habían afectado al 86% de su cuerpo.

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Falleció el día 31 de mayo por fracaso visceral multiorgánico consecuencia de la sepsis y el shock plasmorrágico producido por las quemaduras sufridas, según el escrito de la fiscal, que, al igual que la familia de la víctima, reclama una indemnización de 100.000 euros para la viuda por el daño moral ocasionado.