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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este martes una actualización de tarifas por los servicios que se prestan en los cementerios municipales que supone una subida de las tasas de un 21%. Este encarecimiento es tan alto porque se incluye ahora toda la variación sufrida por el Índice de Precios al Consumo (IPC) del periodo comprendido entre 2005 y 2021.
Los precios que estaba pasando al cobro la empresa Canaricem, concesionaria del servicio desde 1997, no se modificaban desde el año 2006.
San Lázaro. Es el mayor y el más moderno de la ciudad. Fue inaugurado en 1960. Está pendiente de un proyecto de ampliación que incorporará nuevos servicios y más plazas de aparcamiento.
Las Palmas. Es el cementerio más antiguo del municipio, pues está operativo desde el año 1811. El frontis del edificio fue diseñado por José Luján Pérez y terminado en el año 1815. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural.
Puerto. Inaugurado en 1942, dispone de espacios para los entierros de las comunidades coreana, bahaí, judía e islámica.
Tafira. Se puso en uso en el año 1939 y también dispone de un área de enterramiento para la comunidad judía.
La compañía presentó un escrito en 2021 en el que recordaba al Ayuntamiento que, de acuerdo al pliego de cláusulas administrativas que sirvió de base para la adjudicación del servicio de cementerios, existía la obligación de revisar las tarifas cada año en función del IPC.
«Esta circunstancia está provocando un desequilibrio económico-financiero en el régimen de retribución de la empresa concesionaria de la gestión del servicio, que como en años anteriores, y al término del ejercicio corriente, nos veremos en la obligación de solicitar que sea compensado», según consta en el escrito dirigido por Canaricem.
En efecto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido que ir compensando a la concesionaria en los últimos años para compensar ese desequilibrio.
En el periodo comprendido entre 2005 y 2019, la ciudad ha abonado por este concepto 1,67 millones de euros por los ingresos dejados de facturar por Canaricem a causa de la no actualización de las citadas tarifas.
Conozca a continuación cómo quedan los nuevos precios con la subida imulsada por el Ayuntamiento.
Inhumación de un cadáver: pasa de 131,29 a 159,39 euros.
Exhumación de un cadáver: sube de 132,1 a 160,37 euros.
Tapada de unidad de enterramiento: de 86,14 aumenta hasta 104,57 euros.
Panteones: en las concesiones a 99 años, el metro cuadrado crece de 587,78 euros a 713,56 euros. A 50 años, costará 480,2 euros frente a los 395,55 euros anteriores.
Parcelas individuales de 2 metros cuadrados: a 99 años costarán 1.427,12 euros frente a los 1.175,55 euros. Y a 50 años, pasa de 791,07 a 960,36 euros.
Nichos: dependiendo de la fila, oscilarán en un rango entre los 963,31 euros y los 2.306,32 euros a 99 años. Antes era entre los 793,5 y los 1.899,77 euros. En cambio, a 50 años, el rango actual, que va de los 450,37 euros a los 1.280,29 euros, pasará a costar entre los 546,75 euros y los 1.554,27 euros.
Nichos de párvulos: la concesión a 99 años sube de 672,88 a 816,88 euros; y a 50 años, de 451,82 a 548,51 euros.
Nichos columbarios: se encarece desde los 385,25 euros a 467,69 euros a 99 años; y de 265,61 euros a 322,45 euros.
Nichos a cinco años: los que tienen osario pasan de 301,53 a 366,06 euros; y los que carecen de osario, de 263,81 a 320,27 euros.
Nichos de restos pequeños: se pagaba, por un año, 62,98 euros. Y quedará en 76,46 euros.
Obras de nueva planta: la subida afecta a mausoleos y sus criptas (de 791,07 a 960,36 euros), las capillas (de 592,38 a 719,15 euros), los sarcófagos y sepulcros (de 199,24 a 241,88 euros), las criptas (de 34314 a 416,57 euros) y los nichos en la capilla (de 132,1 a 160,37 euros).
Obras de reforma adicionales: si afectan a la planta de las sepulturas, el precio se incrementa de 199,24 a 241,88 euros; si es por colocación de un sarcófago en una parcela, de 64,2 a 77,94 euros.
La actualización de tarifas no acepta la propuesta hecha por Canaricem de creación de nuevos epígrafes, como el de nichos guardarrestos o el que gravaba la expedición de certificados y títulos.
Tampoco se admite la restitución de la tasa de mantenimiento, que fue suprimido por el Pleno municipal en diciembre de 2010.
Esta eliminación ha provocado una sucesión de reclamaciones judiciales por parte de la concesionaria que ha obligado al Ayuntamiento a pagar cerca de 1,3 millones de euros cada año, ya que la supresión de este concepto se hizo sin seguir los procedimientos adecuados.
Esta situación se mantuvo hasta 2011. Desde ahí en adelante, las reclamaciones se han producido por la realización de trabajos en los cementerios sin la remuneración correspondiente, debido precisamente a la inexistencia de la tasa.
La subida de los precios que ahora se aprueba, se impulsa junto al cambio de ordenanza al que obliga la ley, que impone una modificación de la naturaleza jurídica de estas remuneraciones: dejan de ser tasas y se convierten en prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Y eso obliga a sustituir la ordenanza de tipo fiscal anterior por otra que no lo sea.
El incremento retributivo fue aprobado este martes con los votos a favor del grupo de gobierno y la abstención de la oposición.
Antes de que entre en vigor deberá ser aprobado por el pleno y sometido a un periodo de exposición pública.
El concejal de Salud Pública, Luis Zamorano, aseguró que, en el marco de la iniciativa de mejora de los cementerios públicos, «se da cumplimiento a la obligación legal de actualizar las tarifas sobre el IPC, como obliga el contrato firmado a finales de los años 90, que se dejó de hacer en 2005 y que hemos retomado, manteniendo los precios por debajo de la media de las principales ciudades del país».
A partir de ahí, prosiguió, «podremos estudiar otros aspectos, manteniendo el diálogo fluido con la concesionaria». Es aquí donde se fija el asunto de la tasa de mantenimiento que pedía Canaricem. «No es obligatoria», aclaró Zamorano, «hay muchas ciudades que la contemplan y otras que no. Depende del equilibrio económico-financiero. La tasa de mantenimiento requiere previamente de un estudio económico financiero realizado por parte de la concesionaria».
Para el edil del PP, Ángel Sabroso, «no parece que sea el mejor, con una inflación disparada, con los precios de la electricidad o la gasolina por las nubes o con la cesta de la compra alcanzando niveles de incremento desconocidos antes o cuando Cáritas nos alerta de la situación de pobreza en Canarias», impulsar una subida de tarifas.
«Con lo que ha decidido el actual gobierno de PSOE-Podemos-NC, se repercutirá una subida media de 300 euros por nicho y de 32 euros por cada servicio directamente en los ciudadanos», calcula Sabroso, «a todo esto hay que sumar el conflicto que el Ayuntamiento arrastra con la concesionaria desde el año 2007 a cuenta de la tasa de mantenimiento de nichos, conflicto que supone el pago de sentencias recurrentes del Ayuntamiento a la concesionaria y que debía haberse abordado en conjunto con esta subida de tarifas que la empresa pretende. Acceder a la petición de la concesionaria sin contraprestación alguna para el Ayuntamiento y sin que se presente una solución global a toda esta concesión es erróneo».
Lidia Cáceres, de Ciudadanos, considera «incomprensible» que se apruebe esta subida cuando está en litigio la tasa de mantenimiento. «Se debería llegar a un acuerdo al completo», expuso, «seguimos beneficiando a la concesionaria cuando no estamos de acuerdo con las tarifas que nos están cobrando».
El viceportavoz de CC, David Suárez, considera que el Ayuntamiento «premia» a la empresa sin haber resuelto la tasa de mantenimiento, por la que en 2020 la ciudad pagó 1,5 millones de euros. «No entendemos que Augusto Hidalgo considere que es el momento de subir las tarifas», expuso, «no ha sido capaz de proponer bonificaciones para las familias a las que más les cuesta llegar a fin de mes».
La edila no adscrita Beatriz Correas considera que la empresa tiene derecho a pedir la actualización de tarifas, «pero puede que en este momento no sea asumible».
Para la concejala Carmen Guerra, «que un alcalde piense en subir una tasa en un Ayuntamiento al que le sobra dinero y tiene superávit, me parece una aberración absoluta».
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