El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, anunció este viernes, en el transcurso del pleno, que se va a solicitar permiso a la Delegación del Gobierno en Canarias para instalar una cámara de videovigilancia en la calle Mendizábal, en Vegueta. El objetivo de esta medida es aumentar la seguridad en esta calle, que se ha convertido en uno de los epicentros de la problemática que ha sido denunciada por los vecinos de esta zona, tanto en lo referido al consumo de alcohol en la vía pública, como en cuanto a la inseguridad y generación de ruido y molestias a los residentes en el casco histórico.
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El Consistorio basará su petición en el número de infracciones administrativas que se producen en esta zona de la capital grancanaria, si bien existen dudas de que se pueda conseguir autorización para la instalación de la cámara porque con los índices delictivos actuales no se cumple con los requisitos que exige la norma. Josué Íñiguez detalló que en el último fin de semana solo hubo siete denuncias policiales por alteración de la convivencia ciudadana y otras veintitrés por consumo de alcohol en la vía pública.
De aprobarse la instalación de la nueva cámara de videovigilancia, la capital grancanaria contaría con un total de diecisiete equipos de grabación operativos. En estos momentos hay seis funcionando en Guanarteme; otras tantas en el entorno de Santa Catalina-Puerto; dos en los alrededores de Molino de Viento; y dos más en la zona de Triana.
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Fábrica de Hielo. Su funcionamiento como centro de baja exigencia para personas sin techo tendrá un coste anual de 1,09 millones de euros, sin vigilancia ni limpieza.
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Factura eléctrica. El coste anual es de 3,8 millones. Para 2022 se quiere aumentar la partida por el incremento del precio de la luz y la idea de «convertirnos en Vigo» en cuanto a iluminación navideña.
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Taxis. Por error se ha permitido el trabajo de una licencia que había sido comprada por el Consistorio para retirarla.
La posibilidad de instalar una cámara de videovigilancia en la calle Mendizábal fue conocida durante el debate plenario que se produjo para trata de dotar de más seguridad a las zonas comerciales abiertas.
Al final, la propuesta del Partido Popular fue reconducida por una enmienda que presentó el grupo de gobierno y con la que el Ayuntamiento se compromete a iniciar «el expediente para la solicitar a la Delegación del Gobierno en Canarias la colocación de cámaras de seguridad en aquellas zonas donde se den las condiciones que la normativa establece para ello».
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Asimismo, se aprobó el refuerzo de la presencia de la Policía Local en días y puntos estratégicos, así como la ampliación de las labores de coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía para «que preste más servicios».
La concejala del PP, María Amador, denunció las peleas que se estaban produciendo en la plaza de Las Ranas, los robos que localizaba en Triana, los daños al mobiliario público y el menudeo de droga en la zona de Vegueta, así como los actos vandálicos en el entorno de Santa Catalina.
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Sin embargo, el edil de Seguridad le pidió a su colega que abandonara la «hipérbole» y se ciñera a los datos, que demuestran que la capital grancanaria es una ciudad muy segura.
Plan integral de limpieza
Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad la moción formulada por la concejala no adscrita Carmen Guerra, por la que se insta al Ayuntamiento a acometer con urgencia un plan de choque para la limpieza integral de la capital grancanaria. El acuerdo que hubo en torno a esta propuesta no impidió que se produjera un debate agrio entre la edila que ahora forma parte Unidos por Gran Canaria y la de Servicios Públicos, Inmaculada Medina.
Guerra dijo que cuando el alcalde, Augusto Hidalgo, asegura que la ciudad está limpia, «o no se entera, o se ríe de los ciudadanos». Y le dijo a Medina que «debería sentir vergüenza» por dejar la ciudad «hecha unos zorros».
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Medina le respondió que quien se reía de los ciudadanos era Guerra «porque hoy defiende una cosa y mañana, otra», en relación a su cambio desde el PP a Unidos. Y defendió la externalización de parte del servicio porque «lo que quiere la gente es una ciudad impoluta».
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