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La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la condena de dos hombres de nacionalidad ucraniana y checa que fueron interceptados en agosto de 2023 a bordo de un velero en aguas internacionales cuando transportaban 2.224 kilogramos de cocaína con destino a España. La sentencia ratifica la pena impuesta en primera instancia: 12 años y medio de prisión para uno de ellos y 10 años y medio para el otro, además del pago de una multa conjunta de 154,9 millones de euros.
El operativo culminó en Las Palmas de Gran Canaria, donde la droga fue desembarcada y puesta bajo custodia de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Los dos detenidos fueron conducidos ante el órgano judicial en funciones de guardia de la capital palmense, que decretó su ingreso en prisión provisional desde el 25 de agosto de 2023.
El caso se destapó gracias a una investigación iniciada en 2022 entre la Policía Nacional de España y la Policía de Serbia, bajo la coordinación de Europol. La organización criminal, compuesta por ciudadanos balcánicos, se dedicaba a la introducción y distribución de cocaína en Europa desde Sudamérica, utilizando rutas marítimas para el transporte de la droga. En el marco de la operación colaboraron las policías de Portugal, Eslovenia, Croacia, Brasil, Polonia, Francia, la DEA de Estados Unidos y el MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics).
Las autoridades serbias alertaron a principios de agosto de 2023 sobre la existencia de esta red y su intención de introducir un cargamento de cocaína en España mediante un velero de 22 metros de eslora. La investigación reveló que el presunto líder de la organización, utilizando documentación falsa croata, viajó en varias ocasiones a España para coordinar la entrega del alijo y su transporte por el continente.
Los agentes también detectaron reuniones clave en Croacia con proveedores de la droga procedentes de Latinoamérica, mientras que en Eslovenia se identificó a los futuros tripulantes del velero. Además, se confirmó que miembros de la organización viajaron a Cabo Verde, Colombia y Brasil en preparación del traslado del estupefaciente.
En junio de 2023, los investigadores lograron identificar el velero sospechoso, que un mes más tarde zarpó de Brasil. A unas 100 millas de la costa, según se ha acreditado, cargó la cocaína antes de tomar rumbo a Europa. Los agentes activaron los mecanismos necesarios a través de Citco (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) para proceder a su abordaje.
El 24 de agosto de 2023, un equipo del GEO (Grupo Especial de Operaciones) de la Policía Nacional, a bordo del Buque de Acción Marítima Relámpago de la Armada Española, zarpó desde Las Palmas de Gran Canaria y localizó el velero a 700 millas al oeste del archipiélago. Durante la madrugada, se llevó a cabo el abordaje, en el que fueron detenidos los dos tripulantes y se intervinieron los 2.224 kilos de coca distribuidos en 89 bolsas de deporte. También incautaron GPS y un teléfono satelital.
Debido al lamentable estado del velero, la embarcación no pudo ser remolcada y, tras recibir autorización judicial, se hundió en alta mar. Este hecho es característico del modus operandi de las redes criminales, que utilizan embarcaciones de último viaje adquiridas a bajo coste, maximizando sus beneficios sin preocuparse por su pérdida.
Paralelamente a la incautación de la droga, las autoridades serbias desplegaron un operativo donde detuvieron al líder y a otros tres miembros de la organización criminal. En los registros practicados en el país balcánico se incautaron 550.000 euros en efectivo, dos vehículos de alta gama y relojes de lujo.
Las defensas de los condenados recurrieron la sentencia alegando la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, argumentando que el abordaje se realizó sin la autorización del país de pabellón del velero y que la embarcación debía ser considerada su domicilio.
Sin embargo, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rechazó estos argumentos. En la sentencia, se subraya que el tráfico de drogas es un delito de persecución universal y que los tribunales españoles tienen competencia cuando el estupefaciente tiene como destino España.
Además, el Tribunal recalca que ni Polonia ni los Países Bajos, posibles países de registro del velero, reclamaron su jurisdicción sobre el caso.
Respecto a la inviolabilidad del domicilio, se señala que la droga estaba en espacios comunes de la embarcación, lo que descarta la aplicación de este derecho. Asimismo, el Tribunal destaca que el abordaje y la inspección se realizaron con autorización judicial y conforme a los tratados internacionales.
Con la confirmación de la condena, los procesados deberán cumplir las penas de prisión impuestas y afrontar el pago de una multa conjunta de 154,9 millones de euros.
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