El caso Fundescan llega al fin a juicio

El juicio por el presunto fraude de subvenciones públicas concedidas entre 2006 y 2009 a UGT (Unión General de Trabajadores) en Canarias para los cursos de formación organizados por Fundescan (Fundación Canaria para el Desarrollo Social que era una entidad vinculada al sindicato), arranca este martes 1 de abril en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. La vista oral se prolongará hasta el 16 de mayo, 15 años después de que comenzara la investigación judicial y casi tres desde que se decretara la apertura del juicio oral.

En este juicio se sentarán en el banquillo un total de 14 acusados, quienes enfrentan penas de hasta 14 años de cárcel por varios delitos contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude de subvenciones, según sostiene el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. El Tribunal ha reservado un total de 16 días repartidos en seis semanas para la celebración de las sesiones.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas, concretamente el fiscal Ricardo de Mosteyrín, solicita penas económicas que superan los 40 millones de euros entre multas y responsabilidad civil, además de condenas de prisión que van desde los tres hasta los nueve años para nueve de los 14 procesados, un criterio idéntico al del Gobierno de Canarias en el ejercicio de su acusación particular. En concreto, dirigen su acusación contra los exresponsables del patronato de Fundescan Alicia María Rodríguez y José Lorenzo López (expresidentes); Manuela Fernández y Carmen Dumpiérrez (exsecretarias); así como contra los exvocales Juan Raúl Núñez, Antonio Martín, Andrés Pérez, José Yanes y Carmen Guadalupe Parrilla.

De forma más específica, la Fiscalía acusa a Andrés Pérez Ramos de presuntamente apropiarse de subvenciones públicas por importe de 744.426 euros, solicitando para él tres años de cárcel, 2.233.278 euros de multa y la misma cantidad de responsabilidad civil. Para Alicia María Rodríguez, Manuela Fernández, Juan Raúl Núñez y Antonio Martín, el Ministerio Fiscal reclama seis años de prisión, multas individuales de 3.137.575 euros y una responsabilidad civil solidaria de 1.596.458,24 euros. Por último, José Lorenzo López, Carmen Dumpiérrez, José Yanes y Carmen Guadalupe Parrilla se enfrentan a las mayores penas solicitadas por la acusación pública, nueve años de cárcel por tres delitos distintos, multas individuales de 5.370.853 euros y responsabilidad civil solidaria de 1.790.284 euros.

Además, la Fiscalía pide penas accesorias para todos los acusados que incluyen la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo y la prohibición de ser patronos de fundaciones o recibir subvenciones públicas durante cuatro años y seis meses por cada delito que se les atribuye.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por un grupo de 40 extrabajadores y profesores afectados por la presunta mala gestión de Fundescan, amplían el banquillo de los acusados incluyendo a otros cinco exdirigentes de la Ejecutiva Regional de UGT Canarias: Jesús Trancho, José Antonio Montesdeoca, Miguel Pérez, Dulce María Quintana y Carlos Uche, este último exsecretario general del sindicato que posteriormente fue contratado como asesor en Fundescan.

El procedimiento judicial, que tuvo su origen en una investigación abierta en 2010 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, analizó en profundidad, según sostiene el Ministerio Fiscal, el destino dado a importantes sumas de dinero público destinadas a cursos de formación y empleo, presuntamente desviadas para cubrir gastos internos y «tapar agujeros» económicos del sindicato. Durante la fase de instrucción comparecieron más de un centenar de testigos y llegaron a contabilizarse más de 30 investigados, aunque finalmente serán 14 los que deberán responder penalmente ante la justicia.

Según el escrito de calificación del fiscal, la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), estuvo gestionada por un patronato integrado por los acusados Alicia María Rodríguez como presidenta, Manuela Fernández de secretaria y José Lorenzo López, Juan Raúl Núñez, Antonio Martín y Andrés Pérez como vocales, si bien este último fue cesado el 23 de junio de 2009, manteniéndose los demás en sus cargos hasta el 3 de noviembre de 2009. Dicho patronato fue renovado en esta fecha nombrándose presidente a José Lorenzo López, secretaria Carmen Dumpiérrez y vocales los también acusados José Yanes y Carmen Guadalupe Parrilla.

Dicha sociedad obtuvo una subvención para cursos del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP Canarias 2008), recibiendo como anticipo el importe de 744.426 euros, si bien la fundación no aplicó presuntamente este importe a los fines legalmente previstos.

Por este motivo, el Servicio Canario de Empleo le reclamó el reintegro de este importe. En concreto, por resolución de 24 de marzo de 2010 le pidió la devolución de 397.395,6 euros, el 23 de junio de 2010 el de 142.623 euros y el 4 de junio de 2012, el restante de 204.407,4 euros, que sumaban los 744.426 euros de la subvención, no habiéndose reintegrado a las arcas públicas ninguna de estas cantidades, según la Fiscalía.

Posteriormente, Fundescan obtuvo el 9 de julio de 2009 una subvención para la financiación de las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo correspondiente al año 2009, recibiendo una cantidad de 1.099.567,84 euros y que, según esta parte, aplicó a fines distintos de los legalmente previstos en una cuantía que ascendía a 852.032,24 euros. Por este motivo, el director del Servicio Canario de Empleo volvió a llevar a cabo el mismo procedimiento de reclamar de forma infructuosa el 25 de junio de 2010 a Fundescan el reintegro de tal montante.

Por último, el 6 de mayo de 2008 esta fundación volvió a recibir una nueva subvención, esta vez para el mantenimiento del servicio técnico de Fomento de la Economía Social para el periodo 2008-2009. Para este fin se le dio una partida presupuestaria para el ejercicio 2008 que «aplicó a los fines legalmente previstos» y una segunda cantidad abonada el 13 de noviembre de 2009 que ascendía a 302.163,42 euros para el ejercicio 2009 y que no cumplieron con su cometido, aplicándolo «a fines distintos de los legalmente previstos en cuantía que ascendía a 193.826,65 euros», motivo por el cual se le reclamó esta cantidad.

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