Las Palmas de Gran Canaria

Una ciudad tensionada por el alquiler vacacional

El pacto que gobierna Las Palmas de Gran Canaria, integrado por PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos, ya ha cerrado el documento que se llevará al pleno del próximo 26 de abril para instar al Gobierno de Canarias a activar los protocolos necesarios para la declaración de zona tensionada en la ciudad. Una de las claves del texto se sostiene sobre la inexistente regulación del alquiler vacacional, marcada como un elemento que ha distorsionado los precios del mercado inmobiliario y ha complicado el acceso a la vivienda a gran parte de la ciudadanía palmense.

El acuerdo declarativo emitido desde Alcaldía se refiere explícitamente a esta situación, a la vez que aclara que según los parámetros revisados por el gobierno de la ciudad no habría razón alguna para que el Ejecutivo regional no procediera a dicha declaración. «Un elemento adicional para explicar el déficit de viviendas disponibles para la población local, y que influye especialmente en una ciudad como la nuestra donde la actividad turística ha crecido y se ha consolidado en los últimos años de forma significativa, es, precisamente, el fenómeno del alquiler vacacional, en un contexto de regulación insuficiente y crecimiento exponencial», está redactado.

El trato sellado por el pacto responde a la necesidad de armonizar el mercado de vivienda con los ingresos medios de la población local, que se está viendo desplazada por el alza que se está viviendo en los últimos años en los precios de las casas tanto para comprar como para alquilar.

Esa preocupación quedó refrendada por el informe presentado esta misma semana por el área de Turismo del Ayuntamiento capitalino, departamento tutelado por el concejal de Nueva Canarias Pedro Quevedo. El estudio redactado por Técnicos en Socioanálisis aborda la preocupación que gran parte de los residentes sienten en este momento por la actividad del alquiler vacacional, con un 83,6% de los encuestados responsabilizándola del aumento de los precios y el 78,3% culpándola de la dificultad para encontrar viviendas en régimen de alquiler.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho cálculos y está convencido que la mayor parte de los distritos de la ciudad se encuentran en situación tensionada y requieren de la intervención de la admnistración. Para ello se amparan en las herramientas desarrolladas por el Estado en la concreción de la Ley de Vivienda aprobada el pasado año por el Gobierno.

De tal forma, en su escrito se destaca que «tomando como referencia el Mapa de la aplicación web que permite conocer un rango de valores de referencia para el alquiler de una vivienda, de acuerdo con su localización y características― del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sobre una media tipo de entre 1500-2000 euros de renta por unidad familiar que se ha desarrollado para el cumplimiento de lo previsto en la Ley, en el marco del sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda, se puede concluir que existen circunstancias que determinan que nuestro municipio se encuentra en el rango de zonas tensionadas, según legislación, por coincidencia de la media municipal en los dos supuestos reglados para el concepto de zona tensionada: crecimiento en el precio del alquiler y porcentaje del presupuesto familiar destinado a vivienda superior al 30%».

Fue precisamente Pedro Quevedo hace unos meses el que abrió la discusión pública sobre la declaración de zona tensionada con unas manifestaciones en las que valoraba la opción de que el barrio de La Isleta fuera puesto bajo este paragüas. No obstante, aunque el documento pide una radiografía completa de la ciudad en el texto, además del barrio portuario, hace referencia explícita a espacios como el Cono Sur o Tamaraceite.

El primero de los tres pasos que concretan la declaración insta al Gobierno de Canarias a «iniciar el procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en Las Palmas de Gran Canaria, y en su caso, se proceda, previa elaboración de la memoria requerida, a la declaración que determine las zonas de Las Palmas de Gran Canaria en situación de mercado residencial tensionado». Además, indica que una vez resuelta esa circunstancia se utilicen los valores del mercado registrados en el Índice publicado por el Ministerio para armonizar los precios del mercado.

Hace algunas semanas, cuando se conoció que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria trabajaba en este texto, Pablo Rodríguez, responsable de la política de vivienda en el Gobierno de Canarias, aseguró que la declaración de zona tensionada no conllevaba un tope en los precios. Esta misma semana Pedro Quevedo salió al paso para asegurar justamente lo contrario.

El acuerdo declarativo cerrado por el pacto del gobierno municipal quiere incidir en que la declaración de zona tensionada no solo beneficia a los que se encuentran en la búsqueda de residencia en el mercado, sino que también tiene beneficios para los propietarios que vendan o alquilen. «Estos propietarios disfrutarán de beneficios fiscales si rebajan el precio del arrendamiento, alquilan a jóvenes, ceden sus viviendas a una Administración pública o han realizado inversiones que posibiliten la mejora de su sostenibilidad».

Así las cosas, una cuestión que siempre se ha querido dejar clara desde el grupo de gobierno que encabeza Carolina Darias es que la competencia clara para declarar zonas tensionadas, tal y como viene recogida en la Ley de Vivienda, es de las comunidades autónomas, y que corresponde al Ejecutivo de Fernando Clavijo accionar las palancas necesarias para que los procesos administrativos se pongan en marcha.

Desde el tripartito se avanza que la prioridad estratégica en este momento es que el Gobierno de Canarias mueva pieza. Cuando eso suceda, las tres fuerzas que lo integran se han emplazado para sentarse a trabajar y, en base a la regulación estatal, tomar todas las medidas necesarias para afrontar en materia de vivienda vacacional.

Todo ello en un momento en el que el debate corre por las islas como la lava de un volcán. En la ciudad, Unidas Sí Podemos quiere completar la conversación con elementos como la excepción insular que impida la compra de vivienda a no residentes.

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