Las Palmas de Gran Canaria

Carolina Darias pasa la pelota a los restauradores en el conflicto del ruido

El palpitante conflicto jurídico en el que Las Palmas de Gran Canaria vive por el ruido de sus noches de ocio ha rebosado con la última sanción al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, castigado por el Contencioso-Administrativo a pagar 39.000 euros a 13 vecinos de Sargento Llagas por su inacción en la toma de medidas para restringirlo, escenario ante el que la alcaldesa Carolina Darias pide la «complicidad» de los restauradores antes de «tomar medidas contundentes» contra ellos.

La ciudad vive días difíciles con un grave problema de convivencia entre el ocio nocturno y el derecho al descanso de sus vecinos. Famosos son los casos de Joaquín Costa, en el Puerto, o la situación que se vive en las calles de Cano y Arena en Triana. Esta sentencia de Sargento Llagas es una muesca más, firme el pulso ahora mismo con los vecinos del Puerto por la celebración en su entorno del carnaval.

Darias no sabe todavía si el Ayuntamiento va a recurrir esta última sentencia, que condena la mala praxis municipal ante el conflicto que denunciaban los vecinos. «Hablamos de un asunto que se inicia en el 2019 y que, tras una serie de actuaciones, nos ha llegado estos días la sentencia al Ayuntamiento. Está siendo valorada por los servicios jurídicos pero hasta que no tenga esa valoración no puedo responder si vamos a recurrir», indicó.

Donde sí que se mostró más rotunda la alcaldesa es a la hora de valorar si «inacción» es la palabra adecuada para definir la posición del Ayuntamiento en la gestión del ruido y las noches. «Creo que es importante la dinamización de la ciudad pero también es importante que quienes contribuyen a ello, en este caso la restauración, pueda contribuir a que esa dinamización siga siendo posible. Hemos ido inspeccionando todo lo que tiene que ver con las terrazas y estamos en una acción importante en relación al ruido. Es importante que podamos seguir midiendo el ruido como estamos haciendo con los principales eventos de Las Palmas de Gran Canaria, pero también trasladar eso a las zonas de restauración. Y ahí o tenemos la complicidad de la restauración o tendremos que tomar medidas contundentes», indicó.

Ante la posibilidad de recurrir esta sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Darias quiso recalcar que este conflicto responde a un asunto puesto sobre la mesa hace ya seis años, tiempo en el que le quedaba lejos todavía su acceso a la alcaldía de la capital.

Con esa línea divisoria, al frente de un Ayuntamiento al que la justicia declara en este asunto «ineficaz e insuficiente», la jefa del gobierno municipal tiene claro que las cosas han cambiado. O eso asegura. «Hay algunos ejemplos que demuestran que se puede hacer de forma razonable. Lo que no sería deseable sería tener que acudir a medidas restrictivas. Lo ideal sería que las propias actividades de restauración fueran capaces de cumplir con lo que tienen que hacer. Por lo tanto esa es la función principal que tenemos, hacer cumplir esas normas», expuso.

Darias asegura que Josué Íñiguez y Mauricio Roque, concejales de Seguridad y Urbanismo, están manteniendo reuniones con el sector de los restauradores para encontrar un punto de encuentro en esta polémica. La alcaldesa cree que se tiene que crear un mapa del conflicto, para actuar sobre calles concretas y de manera coordinada, para afrontar el tema. «Si no es posible iremos a una ciudad muerta. Y no es lo que queremos. Queremos una ciudad viva en la que sea compatible el descanso con el ocio», añade.

Las Palmas de Gran Canaria vive días muy difíciles en la gestión de sus noches, y por lo pronto las medidas tomadas por este grupo de gobierno y los que la antecedieron no han resuelto este inoportuno conflicto.

Ante la sentencia avanzada por este periódico el pasado miércoles se dieron las primeras respuestas de la oposición, como la del concejal de Coalición Canaria David Suárez: «Es evidente que nadie en este gobierno, pero tampoco en los precedentes, se ha tomado en serio esta cuestión. El criterio reiterado por la Sala en esta cuestión no da a lugar a dudas, las cosas están cambiando y nadie en las Oficinas Municipales y en el gobierno parece entenderlo, de ahí que caiga un fallo detrás de otro sin que nadie haga nada, para desesperación de los vecinos», asevera.

En un comunicado de prensa remitido este miércoles desde Coalición Canaria recuerdan la importancia de dotar a la Policía de los medios para el control de estos locales que generan problemas, como sonómetros bien calibrados, pero también de personal suficiente. «Ha desaparecido la Policía de Espectáculos, que era una unidad fundamental en la lucha contra los locales que incumplen. Y es evidente que también existe una responsabilidad del área de Urbanismo como garantes del cumplimiento de la ley en materia de actividades clasificadas».

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