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La historia del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no solo se escribe en las letras de las murgas y las coreografías de las comparsas; la fiesta principal de la ciudad cuenta con capítulo dedicado a la crónica judicial que, por supuesto, incluye ahora su última edición. Los vecinos del Puerto que demandan compensaciones económicas a la ciudad por la celebración bajo sus ventanas del evento, tras ver rechazada su reclamación, llevan hasta la justicia sus pretensiones.
Es un golpe más a la imagen de la Fiesta de Interés Turístico Internacional, que durante los últimos años ha perdido centralidad en la ciudadanía, entre otras razones por ausencia de una sede fija y sus problemas de convivencia con la vecindad.
La información publicada el pasado martes por este diario, en la que se explicaba la reclamación de un colectivo de 13 vecinos de 650.000 euros en conceptos de daños y perjuicios por la celebración de la fiesta en el entorno del Puerto, también se dirige a los juzgados. Su primera comunicación con el Ayuntamiento fue desestimada por el gobierno de la ciudad, que además añadía que estos vecinos carecen de legitimidad para plantear esta reclamación, lo que obliga a agotar las vías de recursos y como ha sucedido en anteriores casos en Santa Catalina o Vegueta quedará pendiente de una próxima resolución judicial.
Sin embargo, la reclamación de estos vecinos no fue la primera. Junto a ellos, otro grupo de residentes en la zona de la Junta de Obras, la plaza de Los Patos o Manuel Becerra habían ya planteado un escenario similar al consistorio que fue respondido de la misma manera. Y esta respuesta ya se encuentra en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para ser evaluada.
Así las cosas, el carnaval de la capital vuelve a encontrarse en zona de conflicto. El grupo de 13 demandantes indicaba que querían una compensación colectiva de 650.000 euros, unos 2.000 euros diarios para cada uno de ellos, por la convivencia con al fiesta en el margen temporal que ocupa desde el 18 de enero hasta el 25 de febrero, días en los que el carnaval se articuló alrededor de la rotonda de Belén María.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les contestó negativamente, al igual que había hecho con otra reclamación anterior, y deja ahora en una situación judicial la resolución de este conflicto.
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En cualquier caso, el Puerto no será la próxima edición la casa de la Fiesta. Esto fue subrayado desde antes incluso de la celebración de esta edición por Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, señalando que el comienzo de las obras en Belén María, además, lo hace completamente inviable.
Entre las reclamaciones que planteaban los vecinos en sus textos se encontraba la exigencia de que el puerto no volviera albergar la fiesta, circunstancia que ya se encuentra desactivada de manera natural.
Con la respuesta de encaminar a los juzgados la reclamación previa al Ayuntamiento, los vecinos abren otra vez el conflicto judicial en el que la fiesta ha quedado enrocado en su historia contemporánea.
Ya sucedió con los vecinos de Simón Bolívar, junto al parque de Santa Catalina, en una derrota judicial que terminó de arrinconar las noches de carnaval, lastradas por sí mismas por las rachas de violencia que habían contaminado el parque blanco.
O como aconteció en Vegueta, donde se acabó con el multitudinario carnaval de día, que había conseguido recuperar para el núcleo fundacional de la ciudad el espíritu de una fiesta que había quedado orillada en el otro extremo de la capital.
Ahora la operación de Urgencia, por la imposibilidad de realizarlo en Santa Catalina, de construir contrarreloj el escenario de la fiesta en el Puerto también propicia un desencuentro con parte de la comunidad que convertirá en titular judicial el pasado del carnaval por los viejos tanques de la BP.
La reclamación desestimada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que se había realizado en el mes de mayo tiene un precedente en una anterior del mes de marzo, en el que estos mismos 13 vecinos, más otra representación de residentes en el entorno el Puerto, ya habían dirigido a la organización del carnaval.Esto es lo que ahora mismo se encuentra ya en vía judicial, en un capítulo más del desencuentro ya tradicional entre la capital y su fiesta clave desde que se recuperará en La Isleta a finales de la década de 1970 tras muchos años desaparecida por imposición de la dictadura franquista.
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Edurne Martínez y Sara I. Belled (gráficos)
Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras y Jon Garay
Jon Garay e Isabel Toledo
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