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La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha firmado dos resoluciones diferentes por las que autoriza el ejercicio de acciones judiciales y administrativas contra las denuncias presentadas por los vecinos de la Junta de Obras y del entorno de Manuel Becerra contra la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2024.
En estos momentos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 de la capital grancanaria está tramitando dos reclamaciones vecinales contra la celebración de las carnestolendas por las afecciones que tuvo a los derechos y condiciones de vida de los vecinos de Juan Domínguez Pérez, plaza del ingeniero Manuel Becerra, la plaza de Nuestra Señora de La Luz y la calle Doctor Antonio Jorge Aguilar (plaza de los patos).
En uno de los casos, los vecinos presentaron una demanda colectiva a la ciudad por la que reclaman el pago de una indemnización de 650.000 euros (50.000 euros por cada demandante) por los daños y perjuicios que les ocasionó la celebración del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria bajo sus ventanas.
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Ninguna de las dos reclamaciones vecinales fue admitida por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en otras tantas resoluciones firmadas por la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina, una en marzo del año pasado y la otra a principios de julio.
En el caso de la primera petición, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se aferró a la declaración del carnaval como fiesta de interés turístico internacional. «Pese al anhelo de los ciudadanos de Las Palmas de Gran canaria de disfrutar estas fiestas populares, al beneficio indiscutible al interés general y a la distribución por varios barrio de la ciudad de los diversos eventos que constituye las fiestas del carnaval, nos encontramos con tensiones entre derechos de los particulares e intereses públicos», reconoce el Consistorio, antes de decantarse por primar el «interés público» frente a reclamantes «que nada relatan ni acreditan de cómo afecta, cómo incide en su esfera de vulneración». Y le echa en cara a la defensa que copie todos los aspectos de la reclamación presentada en Triana contra la Noche de Reyes.
Tras defender que ante actos de especial proyección los objetivos de calidad acústica pueden quedar en suspenso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concluyó que «no existe quebranto de los derechos fundamentales» de los vecinos. Aún así, defendió que se adoptaron medidas para minorar los ruidos.
Argumentos similares son los que utilizó en la segunda resolución, de julio de 2024, a los que añadió la «incongruencia de que a finales del mes de mayo de 2024, cuando se presenta la reclamación, se pida que no se autorice el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, cuando ya fue celebrado entre los días 24 de enero y 18 de febrero».
Esto provocó dos reclamaciones judiciales contra las que se defiende ahora el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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