Caso Valka: Geursa oirá a denunciantes e investigados antes de cerrar su investigación por Valka

La investigación interna que ha iniciado la Sociedad Municipal de gestión urbanística (Geursa) a raíz del caso Valka -una instrucción judicial que trata de averiguar si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una trama corrupta- atenderá tanto las razones de los denunciantes como de las personas investigadas. Y solo entonces, se tomarán las decisiones que se estimen oportunas. Pero no se adoptará ninguna resolución antes de que se dé por finalizadas las pesquisas internas por respeto a la presunción de inocencia.

En la Junta General de Geursa, que se celebró este jueves en las Casas Consistoriales, el grupo de gobierno aclaró que el procedimiento judicial y la indagación administrativa pueden ir en paralelo. Como señaló, a la salida de la junta el concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, «hay una investigación judicial que se está realizando y lleva su autonomía y, después, hay una investigación interna que tiene su autonomía. Las dos van a determinar unos indicios, unas pruebas, unos hechos y a partir de eso que tengamos conocimiento tanto para realizar una motivación y una finalidad se tomarán las decisiones, lo que no vamos a hacer arbitrariamente sin conocimiento y sin que todas las partes se hayan mostrado».

Según las fuentes consultadas por este periódico, el gobierno rechazó adoptar medidas cautelares contra ningún trabajador de Geursa (tres de los seis investigados son de esta sociedad), tal y como propuso el PP, que pedía apartar temporalmente de la dirección de la empresa municipal. Durante el transcurso de la sesión, el concejal Roque detalló que se iban a mantener los derechos de los trabajadores y acusó al PP de solicitar la aplicación de medidas sin tener conocimiento cierto de los hechos que han sido denunciados y que conforman el llamado caso Valka.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, también intervino para defender el buen funcionamiento de Geursa e insistir en las declaraciones que ya hizo el pasado 21 de agosto, cuando reclamó prudencia y responsabilidad antes de actuar.

La Junta General conoció también algunos avances que se están dando en materia de controles internos gracias a las explicaciones de la oficial de cumplimiento normativo de Geursa, Isora Roca. La abogada informó de que el modelo de prevención de riesgos penales fue implementado por la empresa urbanística en 2022 con el fin de detectar posibles infracciones o ilícitos y que en un año ya se han instruido cinco expedientes.

Estos expedientes guardan relación con el objeto de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción 2 y las fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo y contra la Criminalidad Organizada de Las Palmas en el caso Valka. Las fuentes consultadas detallaron que en estos expedientes se ha tomado testimonio a 51 trabajadores y que su versión difiere de los testimonios recogidos por la Guardia Civil en la instrucción del caso Valka y que han sido publicados por CANARIAS7.

Esta parte de la investigación será presentada al Consejo de Administración de Geursa en su momento para que pueda aportarlo al procedimiento judicial.

Respecto al hecho de que dos de los investigados -Carlos Cabrera y Luis Pérez- formen parte del órgano de control interno, la oficial aclaró que ninguno de los dos forma parte de la investigación que está en marcha en estos momentos. Ambos se inhibieron, aunque no dejan de ser miembros del órgano porque éste tiene otras actividades.

Parte del tiempo de la sesión se empleó también en detallar el tema de los cuatro despidos que ha habido en Geursa desde que el actual grupo tomó posesión del gobierno. El concejal Roque desligó estos despidos de la investigación judicial por el caso Valka -pese a que algunos de ellos afectan a testigos en la investigación- y defendió que cada uno tuvo su motivación.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular (PP), Jimena Delgado, quien no quiso hacer declaraciones a su salida de la Junta, sí remitió luego un comunicado en el que acusó a Carolina Darias de «perder una oportunidad de oro» para explicar qué está haciendo para atajar las consecuencias del caso Valka.

«Este jueves se ha producido un episodio de trilerismo político. En primer lugar porque la alcaldesa congregó a los portavoces de los grupos políticos antes del inicio de la Junta General para anunciar que se iban a decir cuestiones relevantes y de máximo secreto, por lo que se debía guardar absoluta reserva de lo que allí se comentaría, hecho que nunca ocurrió porque ni el concejal responsable del área, Mauricio Roque, ni la propia alcaldesa Darias, dieron información alguna, ni relevante ni no relevante», explica Delgado.

Por su parte, los cuatro concejales de Vox se ausentaron de la junta general después de que la alcaldesa advirtiese a los portavoces de que el contenido de la misma iba a tener carácter secreto y que, por lo tanto, lo que se informara en dicha junta general por el concejal Mauricio Roque y por la responsable de cumplimiento normativo de Geursa, Isora Roca, no podría ser usado por los concejales en cumplimiento del deber de secreto.

«El equipo de la alcaldesa ha intentado con esta maniobra restringir las posibilidades de acción de los concejales de la oposición», explica la formación conservadora en un comunicado de prensa.

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