El 80% de los barrios emplea más del 30% del ingreso familiar para alquilar una casa

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de enero 2025, 23:28 | Actualizado 23:35h.

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Uno de los elementos en los que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria basa su petición es el hecho de que el esfuerzo de la renta de las familias para acceder a una vivienda en alquiler supera el 30% de sus ingresos anuales. De hecho, de los 77 barrios en que se ha dividido la ciudad (de acuerdo a la estratificación censal), en 62 se supera ese porcentaje. Esto significa que, por regla general, en ocho de cada diez barrios, las familias tienen que hacer un sobreesfuerzo económico para acceder al alquiler, lo que limita el desarrollo de otros aspectos de sus vidas.

El informe que elaboró el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria refleja que «la evolución del precio de alquiler de la vivienda ha tenido un crecimiento acumulado entre 2019 y 2024 de un 29,4% frente al 19,69% del Índice de Precios de Consumo en Canarias; resultando un crecimiento superior en más de tres puntos porcentuales respecto al del indicador autonómico».

Eso, unido a los bajos sueldos, ha provocado que «la carga media del coste del alquiler, más los gastos y suministros básicos, respecto a la renta media de los hogares ha experimentado un crecimiento desde un 32,26% en 2015 a un 38,08% en 2023, si nos atenemos a los datos de Idealista; o desde un 29,10% en 2015 a un 39,84% en 2023, si lo hacemos con los datos de Fotocasa», añade el informe.

Se ha pasado de entre 11.731 euros y 8.499 euros anuales de alquiler en 2015 a unas cifras que oscilan entre los 13.611 euros y los 14.240 euros en 2024, según los datos de las dos inmobiliarias.

Además el municipio es mercado tensionado porque la evolución de la carga media del coste de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, respecto a la renta media de los hogares ha experimentado un crecimiento desde un 30,52% en 2021 a un 33,55% en 2023.

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El único requisito para la declaración de zona tensionada que no cumple Las Palmas de Gran Canaria es el de la evolución del precio de compra de la vivienda, pues ha tenido un crecimiento acumulado entre 2019 y 2024 de un 19,39% frente al 19,69% del Índice de Precios de Consumo en Canarias; resultando un crecimiento inferior a los tres puntos porcentuales respecto al del indicador autonómico.

El concejal de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, indicó que la ciudad «cumple tres de los requisitos exigidos», indicó, «el Gobierno ya no tiene disculpas ni justificación para no iniciar el procedimiento». El edil entiende que «hay distorsiones que genera el mercado de la vivienda y esto es lo que ha generado la necesidad de declarar la zona tensionada, atendiendo a la ciudadanía», expuso. Y aclaró que la inclusión de inmobiliarias en el estudio responde a la necesidad de contar con información crítica.

La portavoz de Unidas Sí Podemos, Gemma Martínez, criticó a CC y PP por declararse «en rebeldía» ante las obligaciones que impone la ley. «No tienen ni idea de la situación de la vivienda en esta ciudad, donde 31.000 familias viven de alquiler y tienen dificultades enormes porque el alquiler medio es de 1.200 euros», expuso, «hay 15.000 hogares que tienen angustia porque no saben si van a subirle el alquiler, ya que no tiene tope». Defendió que en Barcelona han bajado los alquileres un 5% y los fondos buitres están huyendo de la ciudad.

Desde Nueva Canarias, Pedro Quevedo, reclamó actuar ante el problema en lugar de dejar pasarlo. «El Gobierno de Canarias ha anunciado medidas que incrementan las viviendas vacacionales», expuso, «nuestros nietos no van a poder encontrar casa para vivir».

La posición del PP fue votar «en contra de este disparate». Su portavoz, Jimena Delgada-Taramona, reconoció el problema que hay de vivienda en la ciudad, pero discrepa de la solución que se le quiere dar. «Nosotros pedimos que se construya más viviendas», propuso, «en los últimos años se han construido cero viviendas para los más vulnerables y no se ha dado facilidades para construir viviendas de renta libre». En este sentido, lamentó los retrasos en la construcción de pisos por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, interpreta que no se puede declarar zona tensionada todo el municipio al completo. «No es lo mismo la primera línea de Las Canteras que San Lorenzo», dijo. Además, consideró poco rigurosas algunas fuentes utilizadas en el sector inmobiliario, aludiendo a la opinión de varios economistas. En todo caso, escogió un informe de una de estas inmobiliarias para exponer los efectos negativos del área tensionada de Barcelona, a la que atribuye la reducción de la oferta de viviendas y, por tanto, el aumento de precios.

«Chiquito papelón», respondió el portavoz de CC, David Suárez, al concejal responsable del urbanismo. Acusó al gobierno local de tratar de saltarse el procedimiento y le recordó que la proposición «no es vinculante ni va a resolver el tema de la vivienda». Para él, no tiene sentido traer el asunto al pleno porque se trata de un procedimiento administrativo.

Al final, la alcaldesa, Carolina Darias, recordó que hay que desarrollar la ley. «Su artículo 18 establece que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias exclusivas, pueden optar por la declaración de zona tensionada», argumentó, «por eso instamos a quien tiene las competencias a que las ejerciera, pero no lo hizo y remitió un borrador de procedimiento en el que los ayuntamientos debíamos acreditar que cumplíamos con la ley». El Ayuntamiento respondió que no le corresponde esta tramitación, «pero hemos decidido que no vamos a esperar y vamos a hacer el informe que acredite que cumplimos los requisitos para que el Gobierno de Canarias no tenga excusas».

Defendió el estudio realizado por el informe y resumió su contenido, que «acredita que cumplimos tres de los cuatro requisitos, cuando la ley solo requiere uno». Indicó que la zona tensionada es «una solución más» de las que se pondrán en marcha para favorecer el acceso a la vivienda en una provincia que tiene los precios de alquiler más elevados del país.

Darias dijo que «esta ciudad merece que el Gobierno de Canarias valore su informe». Insistió en que el Gobierno de Canarias «se lo tiene que hacer mirar porque aquí hacemos lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde, ya que pensamos en la gente». Se defendió de las acusaciones de bolivarianos y comunistas, «pero por defender a la gente de esta ciudad nos iremos a donde haga falta».

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria calcula que tiene suelo para 1.000 viviendas en suelo urbano y otras 3.500 en suelos urbanizables. «Lo que necesitamos es financiación», sentenció.