El Ayuntamiento da dos meses de plazo a Rafael Hernández para que legalice sus obras

La Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una resolución en la que otorga un plazo de dos meses a la ONG Oportunidades de Vida para el restablecimiento de la legalidad urbanística en el inmueble situado en la calle Camilo José Cela -El Fondillo-, propiedad de esta organización liderada por Rafael Hernández, presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Esta persona está siendo investigada por la presunta explotación laboral de menores migrantes en fincas agrícolas de su propiedad.

Según detalla el Consistorio, el inmueble consta de tres plantas bajo rasante y volúmenes adicionales en una cubierta transitable que conecta con otro edificio existente y terminado. La obra, que tenía como fin convertirse en un albergue social, fue paralizada y precintada en marzo de 2024 tras una inspección municipal que evidenció la falta de licencias. Las actuaciones irregulares incluyen tanto la construcción del edificio principal como modificaciones en una estructura adyacente, ambas sin el título habilitante necesario.

El informe del Servicio de Protección del Paisaje, emitido el 30 de octubre de 2023, detalla que la construcción afecta una parcela calificada como suelo urbano, destinada a usos religiosos según el Plan General de Ordenación. Aunque los trabajos avanzaron significativamente, con estructura y cerramientos exteriores concluidos, no se completaron los acabados interiores.

La resolución establece un plazo de dos meses para que los responsables legalicen las obras. De no presentar la documentación requerida o restaurar el terreno a su estado original, el Ayuntamiento ejecutará la orden de restablecimiento de forma subsidiaria, cargando los costos al promotor. Además, el incumplimiento podría derivar en sanciones económicas, incluyendo multas reiteradas de entre 200 y 2.000 euros.

El documento también indica que, en caso de que los responsables reviertan la situación antes de iniciarse un procedimiento sancionador, la multa se reducirá al 10% de la cuantía habitual.

El inmueble está vinculado a Rafael Hernández, presidente de la COAG en Canarias, quien fue objeto de denuncias por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, según la querella interpuesta por la Fiscalía en un procedimiento que se está tramitando en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. También la Inspección de Trabajo redactó un expediente sancionador tras una visita a las fincas de papas de Hernández donde -presuntamente- trabajaban los menores de edad.

La resolución es definitiva en la vía administrativa, pero los responsables de la ONG tienen derecho a interponer recursos en el ámbito contencioso-administrativo o solicitar su revisión, según el documento.

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