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La asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta) ha requerido al juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de la capital grancanaria que dicte una orden de suspensión cautelar de las obras de construcción de las dos torres del Canódromo. La iniciativa surge a partir de la última sentencia que declara nula la licencia concedida a Realia en 2006, y su prórroga posterior de 2008, por estar anulados tanto el Plan General de Ordenación Urbana de 2005 como el Plan Especial del Canódromo de 2003, que amparaban el permiso de obra.
Esa anulación del planeamiento, ordenada por el Tribunal Supremo en 2014, es la base de la petición vecinal. Así, aunque la obra que acomete Realia en estos momentos en Schamann tiene una licencia concedida en 2020, su validez emana del Plan General de 2012, que reproduce las determinaciones anuladas para los planes especial de 2003 y general de 2005.
«Las determinaciones urbanísticas del Canódromo del Plan general de 2012 son las mismas que la dispuestas por el Plan General de 2005 y el Plan Especial de 2003, como consta probado y reconocido en autos, por lo que al declarar su nulidad el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5 (...) concurre la apariencia de buen derecho de que la licencia que aquí se impugna -dictada al amparo de tal planeamiento- es igualmente contraria a derecho», exponen los vecinos en su solicitud.
En favor de la suspensión cautelar, los vecinos argumentan que de no pararse la obra podría incrementarse la responsabilidad patrimonial que debería afrontar la ciudad se incrementaría. «Obras que en su día deberán ser demolidas, por lo que su crecimiento y consolidación dificultarían muchísimo la ejecución de una eventual sentencia estimatoria de nuestra demanda, además de aumentar el daño que la Administración debería indemnizar al promotor afectado», prosiguen, «(...) siendo evidente que mientras más logre edificar Realia, mayor sería el daño a indemnizar por el Ayuntamiento».
Solo así, argumentan desde Avecalta, «debe preponderar el interés público de paralizar las obras que se construyen en base a la licencia impugnada».
La petición al juzgado se completa con la súplica de que se habilite procesalmente el mes de agosto para que se pueda dictar una resolución de manera ágil; y que no se fije una fianza a la asociación de vecinos Avecalta.
Los vecinos respondieron ayer al concejal de Urbanismo, Javier Doreste, quien defendió la vigencia de la licencia concedida a Realia porque el planeamiento de 2012 no había sido recurrido. «No es verdad», expuso el representante legal de la asociación de vecinos Ciudad Alta, Yeray Alvarado, quien informó de que a principios de año se denunció el permiso de obra y, de manera indirecta, el Plan General de Ordenación del 2012, así como la modificación de sus normas urbanísticas pormenorizadas del año 2020. «La nulidad radical de las determinaciones del Canódromo pasó de los anulados planes de 2000 y 2003 al plan de 2005, y de ahí a los de 2012 y 2020 (...) en una especie de 'efecto matrioska', puesto que los planes posteriores han ido encapsulando en su interior a los anteriores, que como se ha señalado contenían desde el principio la ordenación ilegal viciada de nulidad absoluta, persistiendo aún hoy en sus entrañas», refieren en su escrito de demanda.
Además, desde la asociación de vecinos se asegura que se le ha generado indefensión porque «no se permitió el acceso al expediente, ni se resolvió su solicitud de ampliación de plazo para formular alegaciones».
Por tanto, los vecinos del barrio de Schamann que llevan décadas batallando consideran que la obra no debe seguir. La construcción de la primera torre quedó paralizada en 2009 a raíz de una suspensión cautelar de la licencia y no se retomo hasta el verano de 2019. En ese momento se inició la construcción de la segunda torre, que ha sido levantada ya. La promoción se anuncia bajo el nombre 'The Towers'.
El abogado de la asociación de vecinos Ciudad Alta (Avecalta), Yeray Alvarado, respondió ayer al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, que la ordenación del solar del Canódromo como zona residencial sigue sin justificarse y se mantiene por la voluntad del actual grupo de gobierno. «Urbanismo ha decidido mantener ese elemento y también ha dado la licencia», expuso, «se trata de un área de edificabilidad agotada y la construcción de las dos torres resulta lesiva para el interés general».
El Ayuntamiento se opuso al recurso contencioso-administrativo presentado por Avecalta para reclamar la nulidad de la última licencia de obras dada a Realia, así como la anulación del planeamiento que le da cobertura. Los servicios jurídicos municipales entienden que la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Plan General de 2000 y el Plan Especial de 2003, no impedía que el planeamiento de 2005 asumiera las determinaciones del plan especial.
Además defiende que la tramitación de la licencia ha sido correcta y niega que se haya producido indefensión a la asociación de vecinos.
Por su parte, Realia también demandó del juzgado una sentencia desestimatoria de las pretensiones del colectivo vecinal. La constructora entiende que la nulidad de los dos instrumentos de planeamiento (2000 y 2003) no determina la nulidad del Plan 2012, que ampara la licencia de obras actual. Coincide aquí en la validez de la justificación del plan especial del Canódromo pese a que fue suspendido. «Nada impide que el Plan general posterior haga suyas sus determinaciones debidamente motivadas».
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