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R.H.M. y S.D. se enfrentan a una petición de condena de 17 años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de homicidio, daños y amenazas, en unos hechos ocurridos el 1 de marzo de 2022 en un conocido fumadero de drogas ubicado en la calle Maciot de Bethencourt, de Arrecife (Lanzarote), cuando acabaron con la vida a cuchilladas de un hombre de 56 años. Este juicio ante un Tribunal del Jurado tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre y será celebrado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
En concreto, se sentarán en el banquillo de los acusados R.H.M., con antecedentes penales, junto a S.D., natural de Marruecos y sin condenas anteriores, ambos, con cargos por homicidio, daños y amenazas tras unos delitos cometidos presuntamente sobre una víctima que tenía 56 años en el momento de los hechos.
La acusación pública sostiene que R.H.M. y S.D., actuando de común acuerdo y portando cuchillos de grandes dimensiones, se dirigieron al domicilio de la víctima y su hermano en Arrecife la noche del 1 de marzo de 2022. En concreto, se trataba del número 2 la calle Maciot de Bethencourt, una vivienda en la que eran habituales los problemas de convivencia con los vecinos al ser frecuentado por drogadictos y que contaba con una presencia policial muy frecuente.
La llegada de los acusados a esta casa, según el escrito de acusación del Ministerio Público, derivó en una fuerte discusión, durante la cual, con intención de causar la muerte o aceptando esta posibilidad -sostiene esta parte-, apuñalaron a la víctima, con las siglas J.V.G., en el costado izquierdo. La herida resultante penetró en la cavidad torácica, afectando el pulmón izquierdo, el pericardio y el corazón, provocando su muerte por shock hemorrágico.
Además del presunto homicidio cometido, los acusados causaron daños significativos en la puerta principal del domicilio, valorados en 565 euros, al golpearla repetidamente con los cuchillos y patadas.
Después del ataque, R.H.M. y S.D. intimidaron al hermano de la víctima que trataba de auxiliarlo, esgrimiendo los cuchillos y causándole un temor considerable por su vida.
Los acusados fueron detenidos el 2 de marzo de 2022 y han permanecido en prisión provisional desde dos días después tras pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife.
J.V.G., la víctima, dejó tres hermanos, quienes reclaman por este crimen.
Según el Ministerio Fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio, otro de daños y un tercero de amenazas. Por el homicidio, la Fiscalía solicita 15 años de prisión y 10 años de libertad vigilada a cumplir tras la extinción de la pena privativa de libertad. Por los daños, solicita una multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios, es decir, 14.400 euros en total. Por último, en lo que respecta a las amenazas, el fiscal interesa la imposición de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena.
El Ministerio Público también solicita que, en caso de sentencia condenatoria, se ordene la ejecución total de la pena para S.D., y que, una vez acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional, se sustituya el resto de la estancia en un centro penitenciario por su expulsión de España y la prohibición de que regrese por un tiempo de 10 años.
En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria al propietario de la casa con 565 euros por los daños ocasionados y a los hermanos de la víctima con 120.000 euros a pagar entre los dos de forma solidaria, por la muerte de J.V.G. Además, las cantidades a satisfacer devengarán el interés legal incrementado en dos puntos conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Hay que destacar que R.H.M. fue condenado anteriormente a los hechos que van a ser juzgados en sentencia firme el 24 de julio de 2017 por el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a la pena de 8 meses de multa, sustituida por 120 días de prisión en concepto de responsabilidad personal subsidiaria, suspendida por un plazo de tres años, y a la pena de un año y 7 meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
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