El caso del 'agujero' en Vivienda acaba con absolución y un reproche al Ayuntamiento

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de agosto 2020

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas notificó ayer la sentencia por la que absuelve a Yolanda Ventura y Dolores López de un delito de apropiación indebida, en relación con la supuesta falta de justificación de unos gastos por importe de 324.214 euros en la gestión del plan de reposición de los barrios de El Polvorín y Buque de Guerra. El tribunal, presidido conformado por Pilar Parejo, José Luis Goizueta y Mónica Herreras, hace suya la tesis planteada por el Ministerio Fiscal, representado por Evangelina Ríos, que pidió la absolución, al igual que las defensas, mientras que el Ayuntamiento capitalino, en calidad de acusación particular, pedía para cada una de las acusadas seis años de prisión y la reposición a las arcas municipales del supuesto 'agujero'.

En la sentencia se hace especial hincapié en que resulta imposible acreditar la comisión del delito de apropiación indebida del que fueron acusadas, en unos hechos que se remonta a hace once años. Y menciona que ni la documentación aportada por el Ayuntamiento, ni las declaraciones de testigos aportan luz al respecto. Tampoco ayuda a esclarecer lo ocurrido el informe pericial judicial aportado, y que la sentencia define como un «corta pega» del que había elaborado el Ayuntamiento capitalino.

En el fallo, susceptible de recurso ante el Supremo, se es especialmente crítico con la actuación desarrollada por el Ayuntamiento, a quien se responsabiliza de haber urdido una acusación «voluntarista» a partir de un relato sobre supuestas pruebas «sesgadas huérfanas de contenido jurídico penal», de manera que las acusadas tuvieron que soportar las sospechas sobre sus actuaciones y verse en un juicio oral que, según la sentencia, era perfectamente evitable al no haber pruebas de la comisión del delito. Las acusadas fueron defendidas por los letrados José Luis Benítez y Benigna Ángeles Moreno.

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Pese a ello, en el fallo no se imponen las costas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.