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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el curso de la Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria y barranco de Arguineguín contra el decreto del Consejo Insular de Aguas (CIA) de febrero de 2022 que autorizó el inicio de las obras del proyecto de la central hidroeléctrica Salto de Chira por parte de su concesionaria, la empresa Red Eléctrica de España (REE), poniendo en marcha la construcción de la desaladora asociada en El Pajar.
La sentencia emitida el pasado 31 de marzo expone en sus fundamentos de derecho que «no se aporta ningún informe pericial que sostenga» que se ha incumplido la concesión «y la indebida fragmentación del proyecto». Al respecto, «entendemos que no pasan de ser manifestaciones de desacuerdo que implican una opinión jurídica que requeriría en todo caso una base técnico pericial».
Sobre que la autorización del proyecto nunca ha sido sometida a información pública, la sentencia sostiene que el concurso para la concesión administrativa de las aguas embalsadas con fines hidroeléctricos «se tramitó con todas las formalidades de la Ley, incluido, como tampoco podría ser de otra manera, la información pública».
Tampoco acepta la sentencia que se haya infringido el reglamento de dominio público hidráulico por contravenir la planificación hidrológica de Gran Canaria. La recurrente mantenía que tanto en la planificación hidrológica del segundo ciclo (2015-2021) como en la del tercero (2021-2027) aún en trámite «no se prevé centrales hidroeléctricas de bombeo alimentadas por estaciones desaladoras de agua de mar y cuyo destino es el uso industrial para el almacenamiento de energía eléctrica».
Sobre este extremo, la sentencia recuerda que en el expediente aprobado consta el informa técnico de aprobación del proyecto modificado II de la central, que da cobertura al acto recurrido, «que, en distintos pasajes, al analizar determinadas instalaciones que podrían afectar al Plan Hidrológico, garantiza esa compatiblidad».
El recurso de la Plataforma Salvar Chira Soria sostenía que el decreto del CIA autorizando el inicio de las obras de la central carecía de evaluación de los efectos ambientales del proyecto en las masas de agua superficial de los embalses de Chira y Soria al llenarse con agua desalinizada y tratada con diversos productos químicos y biocidas.
El fallo judicial impone las costas a la recurrente sin limitar su importe.
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