El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas ha dado por concluida la investigación sobre el incendio forestal declarado el 10 de agosto de 2019 en Artenara, un terrible fuego que arrasó un total de 1.543 hectáreas de terreno, de las cuales 1.098 resultaron calcinadas, afectando a espacios naturales protegidos como el Parque Rural del Nublo, el Paisaje Protegido de las Cumbres y la Zona de Especial Conservación del Nublo.
El auto de incoación del Procedimiento Abreviado establece que la causa penal debe continuar hacia la fase intermedia, al considerar que existen indicios suficientes de que el incendio fue provocado de forma imprudente por J. S. R., quien en la fecha de los hechos realizaba trabajos de soldadura y corte con amoladora en un terreno de Artenara «sin observar ni adoptar medidas de precaución o prevención adecuadas», detalla el magistrado David Lorenzo González Martín. El uso de estas herramientas generó chispas que prendieron sobre el pasto seco de la zona, desatando el fuego que se propagó a gran velocidad y afectó no solo a terrenos forestales y de cultivo, sino también a infraestructuras públicas y propiedades privadas en los municipios de Artenara, Tejeda, Gáldar y Moya, añade la resolución.
El fuego se extendió desde el 10 de agosto de 2019, obligando al desalojo de vecinos en varias localidades y movilizando un amplio operativo de emergencias, con intervenciones terrestres y aéreas. Finalmente, fue estabilizado el 13 de agosto, controlado el 14 y extinguido el 25 del mismo mes de 2019.
El auto establece que, tras la investigación realizada, se han practicado todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los implicados y la determinación del órgano judicial competente para su enjuiciamiento. En este sentido, el magistrado da por concluida la fase de diligencias previas, resolviendo que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de incendio imprudente.
De esta forma, acordó dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras personadas, entre ellas Liberty Seguros y el Cabildo Insular de Gran Canaria, para que presenten sus escritos de acusación, en los que podrán solicitar la apertura del juicio oral contra el investigado o, de manera excepcional, la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para fundamentar su acusación.
Catástrofe medioambiental
En este procedimiento judicial, la Guardia Civil dio de inmediato con el presunto autor de las llamas, que fue detenido y puesto a disposición judicial. La magistrada en aquel entonces titular de este órgano judicial, Mariana Isabel Hernández García le impuso una fianza de 25.000 euros que pagó sobre la marcha, quedando en libertad provisional.
Según el equipo de investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del Cabildo de Gran Canaria, el detenido estaba cortando una puerta metálica con una radial en una finca situada en la zona de Las Peñas, en Artenara, y las chispas originaron las llamas que calcinaron 1.100 hectáreas y obligaron al desalojo de 1.000 vecinos de ese municipio, Gáldar y Tejeda.
En este caso, el Cabildo presentó un informe en el que detallaba los gastos originados por las llamas en las infraestructuras afectadas y el letrado del investigado, Miguel Ángel Pérez Diepa, pidió que concretaran las cifras ya que entendía que los técnicos habían mezclado importes correspondientes con el fuego de Artenara y también del de Valleseco que se originó el 17 de agosto. La Corporación incorporó otro documento que incluía también una serie de contratos suscritos con varias empresas.
El fuego de Valleseco, a falta de una prueba para que también den por cerrada la fase de instrucción
Siete días después del incendio de Artenara se inició el de Valleseco. Su punto de origen fue unas torretas de alta tensión situadas dentro de los terrenos de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas que, según expuso en su momento la Delegación de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas cuanto interpuso una querella, no cumplían con la normativa y provocaron la destrucción de 8.637 hectáreas de terreno de incalculable valor ecológico.
Este procedimiento, residenciado en el Juzgado De Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arucas, está a falta de la práctica de una prueba para que den por concluida la fase de investigación.
El Ministerio Público en agosto de 2020 inició un procedimiento judicial en el que los representantes legales de la referida aparecen como investigados y negaron ser los responsables del desastre natural. Esta parte detalló que el incendio del 17 de agosto tuvo un precedente el 16 de mayo en el mismo lugar y ya en ese primer instante se detectaron deficiencias en la línea eléctrica aérea de 20 Kv denominada línea de Casas Viejas, propiedad de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas.
Expuso el fiscal que en 2013, 2014 y 2015, Endesa y la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias realizaron «diversos escritos de advertencia a la citada Heredad, poniendo en su conocimiento el alto riesgo de incendio forestal derivado del incumplimiento de las medidas de mantenimiento de la línea eléctrica aérea de Casas Viejas», sin que constara que habían adoptado «medidas».
En la inspección efectuada por agentes de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria (BIIF) el 30 de octubre de ese fatídico año, contabilizaron 11 apoyos metálicos en la finca, constatando que en nueve «los conductores del tendido eléctrico aéreo de alta tensión entraban en contacto con la vegetación» o estaban «a menos de dos metros de distancia respecto a la misma», alertó el Ministerio Fiscal.
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