La Justicia investiga al jefe de Fomento en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y a su esposa, por presuntamente, agilizar los permisos de las obras que él tramitaba si las empresas contrataban los servicios de la constructora de la que su mujer es una de las propietarias. Además, la Fiscalía Anticorrupción encargada de este procedimiento, considera que hay indicios suficientes para deducir que este alto funcionario eludía el control del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a los empresarios que presuntamente favorecía, denuncia.
El Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana es el que investiga por un presunto delito de actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos a Antonio Juan S.R., a su esposa Patricia L.F. y a la empresa de esta Urban 2020 SL, en unas diligencias que permanecieron bajo secreto desde su incoación el 20 de septiembre de 2022 y fueron puestas a disposición de las partes el 19 de enero de este año 2023. A pesar del tiempo transcurrido hasta este momento, la autoridad judicial aún no ha citado a declarar aún a los investigados.
Los hechos fueron denunciados por la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y se remontan al periodo de tiempo transcurrido entre el 1 de enero de 2015 hasta la incoación del procedimiento.
Según esta parte, existen indicios más que suficientes para llegar a la conclusión de que Antonio Juan S.R. ofrecía tratos de favor a empresas del sector hotelero que contrataban los servicios de la constructora Urban 2020, de la que su esposa ostentaba el 25% de las participaciones sociales.
Esta mercantil tenía como socia a la investigada Patricia L.F., que a su vez es la administradora única de la empresa Sauria Societe SL.
Punto de partida
Los hechos fueron denunciados en 2022 por la Fiscalía Anticorrupción
En las diligencias preprocesales que llevó a cabo el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, tomó testimonio de dos testigos que coincidieron en describir el presunto modus operandi de los investigados. Uno de ellos, manifestó que estaba obligado a contratar a Urban 2020 «al amparo de la licencia cuyos proyectos e informes técnicos son necesariamente informados por el técnico municipal» Antonio Juan S.R. Todo ello para el supuesto «beneficio indirecto» de la constructora en la que participaba su esposa.
El otro testigo manifestó que intentó obtener la licencia municipal para una obra de 27 viviendas de segunda residencia en El Salobre, y uno de los socios de Urban 2020 le dijo que «las obras [...] las haría Urban 2020 o si no, bloquearían la sociedad».
Los datos aportados en sendas declaraciones, a juicio del fiscal, vienen «periféricamente corroboradas» por «hechos objetivos externos» ya que se constata la participación en la emisión de informes del técnico municipal «en proyectos de licencia urbanística y actuaciones urbanísticas» ejecutadas por Urban 2020.
Esta «conducta impropia de un técnico municipal», subraya el fiscal en su denuncia, es «incompatible con el deber de objetividad que le impone su estatuto profesional», destaca.
Supuestas amenazas
«Las obras las haría Urban 2020 o si no, las bloquearían», le dijeron a un testigo
Por ello, determina que –en este caso– «existen datos objetivos que hacen sospechar que el funcionario está ejecutando una actividad prohibida», ya que subordina las «importantes decisiones que deben inspirar una verdadera actuación objetiva en matera de legalidad urbanística» al «interés de su esposa».
Esta actuación, sostiene el Ministerio Público, supondría una «colisión de intereses, una actividad prohibida y un abuso de poder por el interés personal» de «más que previsible signo lucrativo» a la hora de que el investigado informe «los proyectos de obras como medio para favorecer» a Urban 2020.
Además de las obras que intentaron ejecutar los dos testigos, la denuncia describe cómo la empresa investigada también ejecutó numerosas reformas en hoteles de importantes cadenas en el sur de Gran Canaria que también contaron con la gestión del jefe de Fomento en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. A juicio del fiscal, se produjo «una colisión de intereses» evidente.
Informe de la interventora
A raíz de la apertura de esta investigación, la interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana emitió un informe en el que añadía «componentes de ilicitud» en el proceder profesional de Antonio Juan S.R., esta vez en lo que se refiere a la tramitación de expedientes urbanísticos.
En concreto, la interventora pone en aviso del fiscal Anticorrupción irregularidades detectadas en el departamento de Fomento y Recaudación del Consistorio sureño en lo referente a la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por parte de determinadas empresas.
Según la interventora
Hubo un «deficitario control del impuesto ICIO» por parte del alto funcionario
Detecta esta parte que el control que debe ejercer el funcionario investigado sobre el coste real y efectivo de las obras para que luego las mercantiles abonen el porcentaje correspondiente del ICIO, no fue correcto. «Ha modificado, en su caso, la base imponible practicando la correspondiente liquidación efectiva». Es decir, que las empresas pagaban al Ayuntamiento menos impuestos de los que debían «con el correspondiente perjuicio económico» para el organismo público.
La autoridad judicial investiga numerosos expedientes de complejos turísticos del sur de Gran Canaria, que tuvieron un «deficitario control del impuesto ICIO» por parte del alto funcionario.
A la espera de un atestado
En este procedimiento, se está a la espera de que la UDEF confeccione un atestado policial en el que identifiquen claramente cuatro puntos que serán cruciales para esta investigación.
El expediente urbanístico administrativo; las empresas constructoras que hayan ejecutado la actuación urbanística sujeta a licencia de obra mayor o a comunicación previa; si consta la liquidación del ICIO en relación a la declaración responsable del coste real de ejecución y la identificación, por número de expediente urbanístico, de todos aquellos en los que exista participación conjunta del funcionario municipal investigado y la constructora Urban 2020.
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