El caso del interventor podría acabar en archivo al no prorrogarse la instrucción

El pasado 29 de julio se cumplió el plazo de instrucción para la causa que investiga una presunta trama en la que figura el interventor general del Cabildo de Gran Canaria, José Juan Sánchez Arencibia, por la presunta comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida a funcionario público tras la organización de las Jornadas sobre el Paisaje de los años 2016 a 2019. Hasta el momento, las partes no han recibido notificación alguna de prórroga de las mismas, una situación que podría derivar en el sobreseimiento de la causa puesto que, hasta la fecha, nadie ha prestado declaración en calidad de investigado y, de confirmarse este extremo, todas las diligencias que se pudieran practicar a partir de este momento serían consideradas nulas, según fuentes judiciales.

Fue la propia Fiscalía Anticorrupción, personada en este procedimiento, la que emitió un dictamen el pasado 13 de julio en el que interesaba al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria que procediera, una vez constatada la imposibilidad de finalizar la investigación, «a dictar resolución judicial que prorrogue la investigación» por el plazo de seis meses «para evitar espacios de impunidad en las conductas penales perseguidas por una deficiencia en el transcurso de los plazos que imposibilitasen concluir adecuadamente la instrucción» solicitada.

Previamente, el 26 de abril el propio fiscal había solicitado la remisión de documentación administrativa junto con el informe emitido por la asesoría jurídica del Cabildo sobre la «legalidad de los expedientes de contratación y la documentación aportada por el denunciante» el 18 de noviembre de 2020 a la UDEF de la Policía Judicial.

Todo ello a los efectos de que se culminara la investigación «con la presentación del atestado detallado de los indicios, si los hubiere, de los ilícitos investigados», con «expresa identificación de las personas que hubieren participado» en su presunta ejecución. Unos informes que aún no han sido incorporados al procedimiento.

Pues ahora, fuentes cercanas al caso han alertado de que la autoridad judicial no ha procedido -hasta el momento- a la prórroga del periodo de instrucción como así determina la ley 2/2020 publicada en el BOE el 28 de julio de 2020, por la que se debía ampliarlo por seis meses más antes del 29 de julio del presente año tras haber pasado ya los doce meses desde la incoación de las diligencias previas el 21 de julio de 2020.

Esta circunstancia podría determinar que la autoridad judicial se viera obligada a decretar el sobreseimiento de la causa puesto que no ha tomado declaración a nadie como investigado ya que se estaba a la espera del atestado de la UDEF que iba a ser remitido en el mes de septiembre. De esta forma y de confirmarse este supuesto, todas las diligencias que pudieran practicarse fuera del plazo legal de instrucción podrían considerarse nulas.