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El Gobierno de Canarias tendrá que abonar 13,04 millones de euros a la UTE que construye la cuarta fase de la carretera de circunvalación a la capital (GC-3) por los daños y perjuicios que le han generado las continuas paralizaciones de los trabajos imputables a la Administración desde la adjudicación del contrato, en octubre de 2007.
El dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que solicitó la Consejería de Obras Públicas para resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la UTE Acciona-Lopesan considera ajustada a derecho su estimación parcial de la reclamación.
Responsabilidad La adjudicataria reclama daños provocados por los retrasos de la obra imputables a la Administración.
Cuantía La UTE Acciona-Lopesan reclamó 24,62 millones pero Obras Públicas reduce el daño a 11,60 millones menos.
Plazos El contrato de ejecución firmado preveía 42 meses de obras pero no serán menos de 173 si se terminan en abril.
Motivos Los trabajos se han paralizado por indisponibilidad de los terrenos, falta de fondos y modificaciones del proyecto.
La adjudicataria había estimado en 24,62 millones los sobrecostes generados desde diciembre del año 2007 hasta julio de 2021 por los retrasos en la ejecución, pero la propuesta de resolución de la Dirección General de Infraestructura Viaria cifró en 11,60 millones menos la cantidad a pagar.
Inicialmente, en el procedimiento que presentó en diciembre de 2020, la UTE había pedido el abono de 22,36 millones por los sobrecostes hasta agosto de ese año y en septiembre de 2021 amplió la reclamación hasta los 24,62 millones.
Adjudicadas con un presupuesto inicial de 91,10 millones de euros (sin IGIC) y un plazo de ejecución de 42 meses, las obras de la GC-3 para prolongar la circunvalación desde Tenoya hasta Arucas y la costa norte se suspendieron temporalmente en abril de 2008, solo cinco meses después de firmarse el acta de replanteo, porque el Gobierno canario no disponía de gran parte de los terrenos necesarios.
Desde entonces las paralizaciones, prorrogas y modificaciones del contrato se han sucedido sin que los trabajos estén oficialmente terminados, aunque la vía entera está abierta desde agosto. El plazo de finalización previsto es abril de este año.
En noviembre de 2008 se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 18 de enero de 2012 y en diciembre de 2009 se pospuso hasta el 30 de junio de 2013. Eran los años de recortes presupuestarios por la crisis, cuando el convenio de carreteras Canarias-Estado que financia la obra se quedó en papel mojado.
Posteriormente, en junio de 2011, se aprobó el primer modificado del proyecto de la cuarta fase de la GC-3, por un importe de 15,03 millones, ampliándose de nuevo el plazo de ejecución hasta febrero de 2015. Su adjudicación a la misma UTE no se produjo hasta noviembre de 2012 y por un presupuesto de 11,74 millones.
Tampoco entonces se cumplieron los plazos y cinco años más tarde, en agosto de 2017, se adjudicó un segundo modificado del proyecto de construcción por 2,05 millones más.
La reclamación de la UTE viene motivada por el retraso en el comienzo de las obras por indisponibilidad de los terrenos, por los aumentos del plazo de ejecución por inexistencia de crédito presupuestario y por las suspensiones temporales de la construcción debidas a la tramitación de los proyectos modificados y complementarios.
La ampliación del plazo inicial de construcción de las obras, de tres años y medio, por actuaciones no recogidas en el contrato y no atribuibles a la UTE suma hasta ahora un retraso de 131 meses (casi 11 años) en la ejecución del último tramo de la GC-3.
Son 173 meses en total, es decir, 14 años y cinco meses, los que tardaría en hacer si se acaba el próximo abril.
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