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La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha denunciado a la tesorera -ahora interventora- del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. Como primera consecuencia de esta acción del Ministerio Público, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana pidió a los siete organismos de Gran Canaria para los que trabaja que remitieran los expedientes administrativos de nombramiento de los diferentes cargos que ostenta, de cara a averiguar si percibía o no los salarios íntegros en cada uno de ellos a pesar de ser habilitada nacional.
El Ministerio Fiscal entiende que Tania Naya, funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional y que ostentaba el cargo de tesorera del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aunque ahora es la interventora, cometió presuntamente el delito de prevaricación administrativa al haber detectado que trabaja para seis organismos e instituciones más cobrando el 100% en los mismos, cuando la ley marca que solo puede percibir el 30% del salario y el total del ayuntamiento sureño.
Sobresueldo. Hay que recordar que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó en 2016 un complemento específico, en cantidades que oscilaban entre los 1.500 y los 1.800 euros mensuales, para tres altos funcionarios el secretario, la tesorera ahora investigada y el jefe de la Policía Local. Esos pluses se suprimieron por sentencia del TSJC en 2019.
En un auto de incoación de diligencias previas de fecha 16 febrero de 2022, el magistrado Rodrigo Álvarez Riquelme interesó a instancias de la Fiscalía Provincial de Las Palmas los expedientes administrativos de nombramiento de la investigada en las siete plazas que ocupa. En concreto, al cargo de tesorera en San Bartolomé de Tirajana se le une el de secretaria general en el Ayuntamiento de Valsequillo, interventora general en el de Ingenio, secretaria y tesorera en el Consorcio de rehabilitación turística de Maspalomas, interventora en la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, secretaria e interventora en la Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria e interventora también en el Consorcio Sur para la Televisión Digital Terrestre Local.
Los habilitados nacionales -secretarios, interventores y tesoreros dependientes del Estado orgánicamente aunque retribuidos por el consistorio donde tienen su plaza-, cuentan con un tope salarial del 30% sobre su sueldo principal. Es decir, si se diera el supuesto de que un habilitado percibiera 100.000 euros al año, del resto de entidades en las que desempeñara alguna función solo podría ingresar 30.000 adicionales.
A los mismos les corresponde «el desarrollo de las funciones necesarias para garantizar los principios de transparencia, de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad económico-financiera», según el real decreto de 2018 en relación a estos empleados. Estos puestos, a los que se accede a través de un concurso de méritos que convoca el Ministerio de Hacienda, son ocupados por funcionarios de clase A1 con nivel 30, el más alto dentro de la Administración. Por las manos de estas personas pasan todos los asuntos importantes para la entidad local.
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