Tensión e indignación vecinal en el desalojo del Castillo del Romeral. COBER SERVICIOS AUDIOVISUALES
«No somos de la ETA, ha sido excesivo, solo somos familias»
Desalojo ·
Una comisión judicial asistida por más de 50 policías vació este miércoles 14 viviendas habitadas por okupas en Castillo del Romeral |Son vecinos del pueblo
Jonathan Abrante se rompió a media mañana. Desahogó a solas, en mitad del barullo. Sobre su sofá, recién desalojado de su casa y a tres metros de un policía nacional armado hasta los dientes. Este castillero de 41 años llevaba desde 2015 en uno de los pisos que este miércoles mandó desalojar una comisión judicial en un edificio de la calle Juan de la Cosa de Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana.
Tenía orden para vaciar 14 de los 28 casas que estaban okupadas en este inmueble. Y lo hizo asistida por un despliegue policial sin precedentes en el barrio, un dispositivo de más de 50 agentes antidisturbios que llegaron en una quincena de furgones.
La información oficial es poca. Sí está confirmado que el desalojo lo llevó a cabo el Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Bartolomé de Tirajana, que a su vez da cumplimiento a lo resuelto en un procedimiento de ejecución hipotecaria instado por CaixaBank desde 2016 en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Hubo un primer intento el 25 de enero de 2023 que no pudo llevarse a término salvo para dos de las casas y este miércoles volvieron a acabarlo. Llegaron sobre las 09.40 y duró más de 5 horas.
No todas las familias fueron desalojadas
En principio, y según ratifican fuentes judiciales, la orden de desalojo afectaba a 14 fincas o pisos. Dado que los propios vecinos aseguran que de las 28 viviendas, había 18 okupadas, aún quedarían en el bloque al menos cuatro familias, entre ellas una pareja con niños y Aurora Rivas, que se pasó la mañana de este miércoles exigiendo a los policías que la dejaran llegar hasta su casa a sacar a su perro. Solo le permitieron subir al final. Es una tercera planta.
Aurora Rivas en el momento en que llegaron los policías. Les protestaba a gritos que montaran un despliegue tan numeroso.
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A Aurora le costó acceder porque la Policía Nacional acordonó la manzana, con varios furgones parapetados, no solo para impedir el paso, sino también para quitar ángulo de visión a fotógrafos y cámaras de televisión. Además, fijaron un férreo control de entradas y salidas mientras el pueblo, indignado, se quejaba porque lo veía desproporcionado. Es más, la visión de tantos policías en fila india accediendo a los portales encendió a varias vecinas, que les preguntaban a gritos a qué venía tanto despliegue.
«Es verdad que los policías no tienen la culpa, cumplen las órdenes de un juez, pero lo que no veo bien es que sean tantos; no somos de la ETA para que manden tanta policía que pagamos los ciudadanos, ha sido excesivo, solo somos familias», se quejaba Marifela, hermana de Fina, otras de las afectadas por el desalojo.
Tampoco le gustaron las formas de algunos de los agentes. «Encuentro abusivo cómo sacaron a Guaya, que estaba dormido y le agarraron tan fuerte del brazo que le dejaron todo marcado». A este vecino le sacaron fuera del cordón policial y se queja de que ni siquiera le dejaron coger algo de abrigo o de ropa. Salió en cholas y en pantalón corto, y entre gritos de protesta por el trato.
«A nosotros nos tiraron la puerta abajo»
Acaymo, un joven de 26 años que residía en uno de los pisos junto a su hermano más pequeño también criticó las maneras de la policía. Llevaba en la casa desde hace 4 años. Entró en ella justo después de que falleciera su padre, que la había estado okupando desde hacía cinco años antes. «Nos rompieron la puerta con un mazo, la tiraron abajo, ni tocaron ni dieron los buenos días, la rompieron, les dije que estaba con mi madre, que tuvieran cuidado, que podían hacer las cosas de otra manera». Pero, por lo que cuenta, no tuvo mucho éxito.
Arriba, Jonathan se rompió tras varias horas de nerviosismo. Debajo, otro de los vecinos con todo empaquetado para el desalojo. Y al lado, Johana, también afectada, con la maleta que se lleva de la que ha sido su casa.
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«Entraron como cinco o seis, forcejearon conmigo, me pusieron contra la pared con las manos atrás, a mi madre también, les dijo que le estaban haciendo daño y a mi hermano también; no querían ni que nos diéramos la vuelta». Su madre no residía en ese piso, solo estaba allí para arroparles.
Sin embargo, no todos relataron la misma experiencia. El propio Jonathan, que tuvo que sacar in extremis algunos de sus muebles, asegura que con él fueron muy respetuosos. Jonathan cargaba más las tintas contra la situación. Se dolía, junto a Aurora, de todo lo que habían luchado para hacer habitables unos pisos que estuvieron años abandonados y que fueron desvalijados. Ambos recuerdan que cuando entraron en 2015 lo hicieron a cara descubierta y se lo anunciaron a las instituciones. Son gente del barrio y solo buscaban un techo donde poder dormir.
«Esto es una injusticia»
Según cuentan, el bloque lo construyó una promotora, pero quebró y dejó incluso tiradas a las familias que habían dado una entrada para comprar sus casas, la mayoría VPO de promoción privada. Durante un tiempo costeó vigilancia privada, hasta que no pudo más y el edificio entró en el más completo abandono y fue desvalijado. Entonces estos vecinos de Castillo decidieron entrar.
«Esto es una injusticia, pero de las grandes», repetía Jonathan a los periodistas. Vivía en el bloque junto a su mujer, que estaba ayer trabajando. Su padre y algún amigo le ayudó a sacar algunos muebles y las ventanas. «Se las puse yo, cuando entré estaba todo destrozado».
Puertas de metal con la que se bloqueó el acceso a las casas desalojadas.
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No tenía muy claro dónde iba a pasar la noche. «Me meteré a dormir debajo de un puente; una toalla, una mantita y listo, o si no me voy a quedar abajo, en la puerta del Ayuntamiento, para que a la alcaldesa le dé vergüenza, porque en vez de preocuparse por los vecinos se dedica a gastarse el dinero en fiestitas y después vienen a tocarte para que le des el voto».
Desde el Ayuntamiento, el edil de Vivienda, Antonio Pérez, aseguraba este miércoles que la corporación se puso en contacto con el Instituto Canario de la Vivienda para gestionar si era posible que estas familias se acogiesen al programa Pro Hogar, pero asegura que se enteraron de todo por la prensa la pasada semana. Contactaron con CaixaBank, pero les insistieron en que había una orden judicial que iban a ejecutar. Y justificó que no han actuado porque no les constaba información alguna del desalojo. «Nadie de los vecinos nos avisó».
Vista parcial del despliegue policial, con agentes incluso personados en las azoteas. A la derecha, Guaya, otro de los okupas desalojados, que protesta por las formas. Le pillaron durmiendo.
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Así las cosas, los desalojados salieron en principio sin ayudas. Es el caso incluso de un trabajador municipal, Teófilo Guedes, que este miércoles se afanaba en llevarse todo de la que había sido su casa en los últimos 9 años. «No tengo dónde quedarme; si un amigo me ofrece la casa que me dijo ayer, lo haré, si no, esas cuevas me esperan», dijo mirando a las montañas.
El dispositivo, más reducido, estuvo en marcha hasta pasadas las 14.30. Los agentes asistieron a los operarios que sellaron las casas con puertas de metal y colocaron rejas en algunas ventanas.
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