Los once migrantes que se encontraban viviendo en una cueva en la playa del Cabrón en Arinaga fueron desalojados durante la mañana de ayer por la Policía Canaria tras ser identificados e informados de que no podía acampar allí al ser una zona protegida. El procedimiento, según los agentes, se llevó a cabo «pacíficamente», y que ha sido puesto en conocimento de Ayuntamiento de Agüimes a traves de un informe en el que se pide a Servicios Sociales que les busque alojamiento.
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Los agentes conocieron la existencia de este grupo por denuncias de particulares, un extremo que comprobaron durante una de sus inspecciones de control y vigilancia de las actividades de turismo activo en la zona, según señalan las mismas fuentes.
Se trata de los jóvenes que se quedaron en la calle tras cumplir la mayoría de edad el pasado mes de marzo y que al no tener una alternativa de alojamiento, decidieron refugiarse en una de las cuevas de la playa del Cabrón, un «entorno conocido» para ellos por su cercanía a la Residencia Escolar de Arinaga, donde fueron acogidos a su llegada a las islas, según relataron hace dos semanas a la Policía Local de Agüimes cuando fueron detectados e identificados, como adelantó la semana pasada este periódico.
Los migrantes tenían habilitada la cueva como vivienda, cubriendo su entrada con toallas y sábanas a modo de paredes y en cuyos alrededores se podía ver restos de basura, con moscas y mal olor por los desperdicios en la playa, lo que produjo malestar entre los usuarios de la playa del litoral de Agüimes.
Tras abandonar la cueva, los profesionales encargados de la limpieza de esta zona especial de conservación, según apuntó la Policía Canaria, procedieron a recoger los residuos del litoral agüimense.
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El Gobierno local se mostró crítico con esta situación desde el momento que conoció que los jóvenes ocupaban una cueva de la playa del Cabrón lo que calificó de «inaceptable». «Fueron invitados a abandonar el centro cuando cumplieron la mayoría de edad y no sabían a dónde ir», explicó entonces Efraín González, concejal de Cultura, Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Movilidad del Ayuntamiento agüimense, que aseguró que este hecho era consecuencia de «falta de coordinación» entre la Dirección General de Menor del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Migración. González, además hizo hincapié en que las administraciones competentes «no cumplieron con el protocolo de buscarles recursos y dejándolos desamparados».
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