Condenados dos policías locales de Mogán a siete años de prisión por tortura y lesiones

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a dos policías locales de Mogán, Gilberto Julián Macías Ramírez y Carlos Javier Hernández Ramírez, a una pena de siete años de prisión como autores responsables de un delito de tortura, en su modalidad de atentado grave a la integridad moral, y otro de lesiones, consumados ambos sobre un senegalés, con residencia reconocida en la UE, al que dieron una paliza en enero de 2011. Por el delito de tortura les caen cuatro años y por el de lesiones, 3 años y 6 meses. Uno de los agentes, Gilberto Macías, está en la cárcel por una causa anterior por violencia machista, y el otro está de servicio.

El fallo, dictado el pasado 4 de febrero de 2021 y recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, también les impone a ambos acusados una inhabilitación absoluta de 10 años y el pago a la víctima de una indemnización, conjunta y solidaria, de 20.745,75 euros por las lesiones causadas, 2.936,8 por las secuelas y 20.000 euros en concepto de daño moral. Además, declara como responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Mogán, que deberá afrontar el abono de esos 40.000 euros en caso de que no lo puedan afrontar los condenados.

Según los hechos que la sentencia da por probados, sobre las 21.40 del 8 de enero de 2011, los acusados prestaban servicio de paisano para el control de la venta ambulante en el Centro Comercial de Puerto Rico. Uno de ellos se aproximó a la víctima, que vendía collares en la terraza de un restaurante, y sin llegar a identificarse como policía local, le requirió «para que le siguiese a un lugar apartado». El vendedor los conocía porque fueron los que intervinieron días antes contra un primo suyo que se dedicaba también a la venta ambulante y que resultó lesionado. En ese procedimiento el afectado había sido citado como testigo. Es por esa razón, entiende el tribunal, que «sintió miedo por su integridad y salió corriendo», iniciándose una persecución por el centro comercial. Le dieron alcance en un supermercado, donde uno de los agentes «le puso una zancadilla y tras caer éste al suelo, le propinó dos fuertes patadas y un puñetazo» y se colocó encima «para inmovilizarlo».

Según el fallo, «lo sacó a rastras del establecimiento» y en el exterior ambos acusados la emprendieron a golpes con la víctima, para lo que emplearon unas porras o algo similar con lo que le fracturaron un brazo. Una vez reducido, y tras golpearle violentamente contra el suelo, le esposaron con unos grilletes y lo trasladaron, entre gritos de auxilio y dolor, a unas dependencias municipales próximas, donde siguieron pegándole. A las 23.00 horas fue trasladado al centro de salud de Arguineguín, y de allí al Hospital de Meloneras.

El tribunal, presidido por el magistrado Miguel Ángel Parramón, consideró el relato del perjudicado «totalmente verosímil, convincente y creíble», relato que luego fue «periféricamente confirmado de modo concluyente e incuestionable por una serie de datos o elementos objetivos que ratifican su versión sobre la brutal, gratuita y continuada agresión» que sufrió. Para estos magistrados, los acusados «golpearon y maltrataron» a la víctima «en represalia por su dedicación a la venta ambulante y para amedrentarlo en relación a su eventual declaración en el juicio en el que estaba implicado» uno de los agentes.