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Semanas atrás saltaron las alarmas por el anuncio de Cáritas de cerrar la Casa Esperanza de Agaete y ahora es el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana el que se encuentra en la misma tesitura con la comunidad terapéutica La Fortaleza de Ansite, que atiende a personas con adicciones químicas desde 1992. Ya le ha anunciado al Gobierno de Canarias que a final de año, el 31 de diciembre, abandonará el servicio, que es municipal, por lo que plantea un cambio de gestión para que sea una ONG la que se encargue.
Los motivos para esta decisión son variados. Por un lado, porque la aportación de la Consejería de Sanidad, 1.023.354 euros, para este centro y para la Unidad de Atención a la Drogodependencia (UAD) es insuficiente, por lo que la administración municipal tiene que aportar otros 200.000 euros cada año. El área de Intervención ya viene advirtiendo desde hace varios ejercicios que el Ayuntamiento no puede hacer ese desembolso en materias que no son de su competencia, explica la concejala de Promoción de la Salud, Arminda Santana.
Pero también hay otra cuestión y es la dificultad que tiene la administración para la contratación de personal por sustituciones o bajas, ya que por burocracia tarda de media mes y medio, algo inasumible porque el servicio está activo las 24 horas y los 365 días del año. Santana asegura que una ONG tendría 'más cintura' para las sustituciones, que es precisamente donde el Consistorio no tiene capacidad. Y es que se trata de una plantilla especializada, con una médica, una farmacéutica, varias psicólogas y trabajadores sociales.
Las conversaciones con el Gobierno de Canarias sobre este asunto empezaron el año pasado y ya han tenido varias reuniones con el director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo, que ya le ha traslado que es inasumible subir la cuantía. El alcalde, Francisco García, esta pendiente de mantener una reunión con la consejera de Sanidad, Esther Monzón.
Santana confía en seguir con las conversaciones, ya que le gustaría que el 1 de enero ya esté funcionando con una ONG y no haya un parón. El Ayuntamiento cederá de manera gratuita el edificio, adaptado para 50 personas, y toda la dotación, aunque no el personal, ya que es municipal, por lo que las 17 personas serán asumidas por la administración porque se mantendrá la UAD. Solo cesarán dos celadores.
Esta comunidad terapéutica, que recibió el premio Reina Sofía, atiende cada año unas 120 personas, por lo que desde su puesta en marcha han pasado por sus instalaciones alrededor de 4.000 personas. En el recinto, que siempre ha estado gestionado por el Ayuntamiento, reciben tratamiento residencial durante tres meses, que puede extenderse a cuatro.
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