La Comisión Europea decidirá este año sobre el permiso a REE para Salto de Chira

La Comisión Europea tiene previsto tomar una decisión antes de que acabe 2023 respecto a la solicitud que le formuló el Gobierno de España en 2020 para que autorizase una excepción a la aplicación del artículo 54 de la Directiva (UE) 2019/944 en relación específicamente con la construcción p`por parte de Red Eléctrica de España (REE, ahora Redeia) de la central de Salto de Chira. Ese artículo prohíbe a los gestores de la red de transporte, como es el caso, precisamente, de REE o Redeia, «poseer, desarrollar, gestionar o explotar instalaciones de almacenamiento de energía», que es justo lo que será la central prevista entre Chira y Soria.

Este anuncio respecto a la respuesta de la Comisión data de julio pasado y entonces auguraba que emitiría una decisión antes del cuarto trimestre del año, plazo que finalmente no ha cumplido. En todo caso, aquella previsión apareció en la respuesta que en verano dio el alto organismo europeo, a través de la Comisión de Peticiones, a la solicitud de un ciudadano español, Eduardo Martín Almeida, con la que pretendía conseguir la paralización de las obras que ya lleva a cabo el operador español del sistema eléctrico, REE o Redeia, para construir Salto de Chira. En las conclusiones de la respuesta, emitida el 19 de julio pasado, la Comisión no secunda esa petición, es decir, no se pronuncia sobre la paralización de las obras, y lo hace alegando dos razones.

El peticionario sostenía que con la ejecución de la central por parte del operador se está vulnerando el artículo 54 de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. Aunque reconoce que el Gobierno español ha pedido amparar esas obras con la aplicación de una excepcionalidad, advierte de que las obras ya han comenzado antes de que la Comisión haya emitido una respuesta. En todo caso, argumenta que, de concederse esa excepción, dejaría a REE «en régimen de monopolio del almacenamiento energético insular», situación que entiende «indeseable» para los consumidores.

Además, denuncia que el Gobierno de España promueva un «proyecto hidroeléctrico costoso sin haber estudiado antes otras alternativas» menos gravosas y de menor impacto. En ese sentido, detalla que el proyecto afectará a 200 de los 1.560 kilómetros cuadrados de la isla, entre los que figuran cinco lugares de la Red Natura, y, en concreto, a una especie de caracol única y endémica que está en peligro de extinción.

En su respuesta, y dado que la decisión última de la Comisión aún está pendiente, este organismo dice que «no puede concluir si se observa o no una infracción del artículo 54 de la Directiva». Y respecto a las preocupaciones de carácter medioambiental, le insta a usar los mecanismos de recurso disponibles en España. En todo caso, advierte: «Parece que el proyecto en cuestión ha sido objeto de un procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental.

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