El Cabildo pide al Estado un convenio para financiar el tren de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria reclamará este miércoles al Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, la firma de un convenio de financiación para la construcción de la línea ferroviaria entre la capital y el sur de la isla por un periodo de diez años, prorrogable durante otros siete, y un presupuesto estimado de 1.700 millones de euros, con el objetivo de hacer realidad la implantación del tren.

Así lo adelanta su consejero de Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, que considera que se trata de «un horizonte suficientemente generoso y asumible» por las arcas del Estado, dado que supondría la aportación de entre 170 y 100 millones anuales, en función de la duración final de las obras de la línea ferroviaria de 58 kilómetros y 11 paradas proyectada entre Santa Catalina y Meloneras.

«Llegamos con los deberes hechos» a la cita, para dar continuidad a las reuniones técnicas que se han mantenido sobre los proyectos de los trenes de las dos islas capitalinas, que mantendrá el Secretario de Estado con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, los presidentes de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, Rosa Dávila y Antonio Morales, respectivamente, y los consejeros del área de los dos cabildos, entre otros.

Se refiere Sosa a que el proyecto del ferrocarril grancanario, declarado de interés insular estratégico, «está maduro» y sólo a falta de dos trámites para iniciar la licitación de las obras.

Se trata de la declaración de impacto ambiental, «que está a punto de ir a la ponencia técnica» del Órgano Ambiental de Gran Canaria, y de la expropiación de los terrenos por los que discurre el tren, para lo que el Cabildo ha transferido ya casi 17 millones a la empresa pública Ferrocarriles de Gran Canaria para pagar su coste. Para lo segundo, no obstante, hay que esperar a que el proyecto tenga declaración de impacto favorable.

«El siguiente paso ya es la licitación de la obra pública», explica el consejero insular de Movilidad Sostenible, y para ello se precisa firmar un convenio con el Estado. La propuesta del Cabildo «es sensata y se puede firmar sin ningún tipo de problemas si hay voluntad política», sostiene.

Al margen de esa vía de financiación, el Cabildo seguirá buscando fondos europeos que, de obtenerse, serían detraídos de la aportación del Estado. De hecho, prepara la documentación para optar a los fondos de 2024 del Mecanismo Conectar Europa y está a la espera de que el Tribunal General de la Unión Europea resuelva el recurso que presentó contra la exclusión de su solicitud de la convocatoria de 2023.

De las convocatorias de Conectar Europa el Cabildo espera obtener 190 millones de euros de los 390 en que estima el coste de la primera fase de la línea, en la que se incluyen las cocheras y talleres en Vecindario, el parque eólico de 30 megavatios (MW) en Montaña de Piletas, en el entorno de Corralillos, y el tramo entre las estaciones de Aeropuerto y Vecindario en el que también están las paradas de Carrizal y Cruce de Arinaga.

El consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo también pondrá este miércoles sobre la mesa de trabajo con el Secretario de Estado la financiación de la gratuidad de las guaguas, una medida que el Gobierno insular considera que deben pagar en exclusiva las arcas nacionales, pero que, en realidad, sale adelante porque el Cabildo pone más de 35 millones de euros anuales (en 2024 a esa cifra hay que añadir la liquidación final de viajeros y el déficit de gestión).

Teodoro Sosa recuerda que en apenas dos años, de 2022 a 2024, el número de viajeros en las operadoras de la isla aumentó desde unos 66 millones a más de 103, sin que el Estado aporte más dinero por ello. En concreto, detalló, pone 60 millones al año mientras que el Gobierno canario sólo aporta 4 millones.

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