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El Cabildo de Gran Canaria ha abierto un concurso para adquirir un inmueble en la capital, por un importe máximo de 1,41 millones de euros, para la acogida de mujeres y menores víctimas de violencia de género ante las carencias de los inmuebles en que se encuentran ubicados los centros temporales de la red insular de atención, emergencia, acogida y recuperación integral de estas personas.
Los edificios que se oferten deben estar situados en determinados barrios de los distritos Centro, Vegueta-Cono Sur-Tafira, La Isleta-Puerto-Guanarteme o Ciudad Alta y reunir unas características mínimas en cuanto a superficie y especificaciones técnicas y urbanísticas.
Además de libre de cargas, gravámenes, arrendatarios, ocupantes y precaristas, el inmueble que el Cabildo quiere comprar debe contar con una superficie útil mínima de 600 metros cuadrados y una superficie construida mínima de 720 metros cuadrados sobre rasante.
La Consejería de Igualdad, que dirige Isabel Mena, prefiere un inmueble localizado en un entorno social integrador, evitando su situación en calles principales así como su segregación de la trama urbana. En este sentido se valorará la idoneidad del barrio en que esté emplazado, que deberá contar con una dotación de servicios suficientes.
Al respecto, los pliegos del concurso detallan sobre esos servicios que el edificio se ubicará a menos de 250 metros de distancia de una calle con tráfico rodado, a menos de 500 metros de una zona con plazas de aparcamiento público y a menos de 250 metros de área en la que se pueda situar una plaza de aparcamiento para personas de movilidad reducida.
También debe ubicarse a una distancia inferior a 1.000 metros del acceso al transporte público urbano o interurbano con una frecuencia igual o menor a 30 minutos en horario diurno en días laborables.
Asimismo de las ofertas que se reciban se valorará la proximidad a centros educativos de Infantil y Primaria, a un centro de salud de atención primaria, a espacios verdes o entornos naturales y a supermercado.
La antigüedad del inmueble será preferentemente inferior a 50 años y no presentará patologías estructurales que requieran de intervención, valorándose el estado de conservación y el menor coste de las reparaciones necesarias.
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