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La investigación del caso Siglo XXI, destapada por este periódico y que analiza el proceder de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI por –presuntamente– malversar en su propio beneficio dinero público que debió ser destinado para integrar a niños y adolescentes en situación de desamparo en Gran Canaria y Lanzarote, sigue arrojando novedades.
Un informe de la Policía Judicial cifró en 958.913 euros el dinero público procedente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias dirigida por aquel entonces por Noemí Santana, que pagó de más esta ONG en el alquiler de solo dos de los centros que gestionaba en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 al 30 de mayo de 2023.
Un montante que los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) calificaron de «facturación sobredimensionada» presuntamente dirigida a pagar los alquileres de los inmuebles a sus propietarios a través de intermediarios que, supuestamente, inflaron los precios de mercado.
Este procedimiento está siendo tramitado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que fue quien incoó la querella interpuesta en mayo de 2023 por Javier Ródenas, delegado en Canarias de la Fiscalía Anticorrupción.
En ese documento, el fiscal apreció indicios de la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos cometidos por los gestores de esta organización sin ánimo de lucro –que no estaba al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal–, quienes utilizaron los fondos públicos destinados al cuidado de menores migrantes no acompañados «en beneficio propio», un montante que, según la querella, solo en la isla de Gran Canaria ascendería a 12,5 millones de euros durante los años 2020, 21 y 22.
El Ministerio Público relató una «alarmante» falta de vigilancia sobre los gastos en efectivo que realizaban los cuatro directores de centros de Gran Canaria y Lanzarote querellados, que «dibuja un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol».
«Los querellados», dice el fiscal, «desviaron a sus cuentas personales (...) cantidades dinerarias que se quedaron, incrementando sus ingresos personales a costa del dinero público que debían destinar al cuidado completo, para la integración social y económica de los menores extranjeros del centro que dirigían»
El delegado de Anticorrupción en Las Palmas examinó los movimientos bancarios de los querellados (la mayoría disposiciones en efectivo o traspasos a sus cuentas), para concluir que se apropiaron de cantidades que van desde 863 euros, en el menor de los casos, hasta más de 18.000 en el mayor.
¿En qué se gastaron ese dinero los denunciados, según el fiscal? La querella señaló, por ejemplo, que una de las directoras cuestionadas pagó con la tarjeta de crédito de su centro 1.500 euros en servicios de un clínica estética: un 'full face', un tratamiento de belleza y rejuvecimiento facial a base de inyecciones de bótox, ácido hialurónico y otras técnicas.
Otros pagaron con dinero de los centros de atención a inmigrantes llegados en patera medicamentos que, en principio, no están prescritos para menores, como fármacos contra la disfunción erectil, analgésicos pensados solo para adultos o tratamientos para dejar de fumar; además de gastos en restaurantes o compras en Primark.
Los investigados son María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy.
La investigación tuvo su punto de inicio el 17 de enero de 2022, cuando la UDEF recibió un informe de inteligencia financiera del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) en el que se apuntaba a una posible malversación de fondos por parte de la fundación, lo que llevó a una investigación exhaustiva sobre los contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados para albergar a los menores migrantes.
Tras ser requeridos por Anticorrupción, Siglo XXI entregó los contratos originales a la UDEF, unos documentos que revelaron los montos mensuales y los términos de arrendamiento, destacando las discrepancias entre los costos anunciados y los pagos efectuados con dinero público.
En el caso del Centro de Menores Acorán, el contrato de arrendamiento, firmado el 1 de marzo de 2021, establecía un alquiler mensual de 35.000 euros, que se redujo a 22.000 euros en junio de 2022 debido a una disminución en la necesidad de plazas. Sin embargo, la Fundación Siglo XXI ya había desembolsado un total de 605.000 euros.
La investigación reveló que Pine Point SL, la empresa encargada de gestionar el inmueble, solo pagó 99.315 euros a los propietarios del edificio. La diferencia de 505.685 euros entre lo pagado y lo recibido por los propietarios sugiere un supuesto sobrecoste exorbitante.
Por su parte, en el caso del Centro de Menores El Tablero, la documentación recibida también mostró cifras alarmantes. La cuota mensual inicial de 3.645 euros aumentó posteriormente a 6.480 euros y luego a 7.290 euros. Entre junio de 2021 y marzo de 2023, la Fundación Siglo XXI pagó un total de 592.665 euros.
El propietario del inmueble recibió solo 139.436 euros, lo que indica un sobrecoste de 453.228 euros, nuevamente revelando una diferencia significativa entre el costo real del alquiler y lo pagado por la Fundación.
Por último, en lo que se refiere al centro Guiniguada, la Fiscalía de Menores solicitó en su momento a Siglo XXI los contratos suscritos con Competencia y Precisión Empresarial SL para valorar el coste del alquiler. La sorpresa se la llevaron cuando la directora del centro les facilitó un contrato de fecha de 18 de enero de 2021 suscrito entre el arrendador y la ONG y en el mismo no figuraba «el importe de la renta ni la fianza», describe el Ministerio Público. En ambas cláusulas constaba la leyenda «XXXXXXXX».
La UDEF también comparó los alquileres pagados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI con los precios de mercado y observó como, mientras otros centros en áreas similares pagaban entre 5.000 y 6.000 euros mensuales, esa cifras eran inferiores a los 35.000 euros iniciales pagados por la ONG.
Por último, en el informe al que ha tenido acceso este periódico, los policías judiciales descubrieron que Pine Point SL desviaba fondos a cuentas personales de su administrador único, José Manuel A. F. En total, se identificaron transferencias por 235.700 euros justificadas como «devolución de préstamo socio», sin documentación adecuada que las respaldara. Una mecánica, la de utilización de supuestos «créditos ficticios como medio justificación, desvío y blanqueo de fondos de procedencia ilícita» que la UDEF describió como «una técnica comúnmente usada por los actores especialistas en este tipo delictual, de lo cual ha advertido, en repetidas ocasiones el Sepblac.
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