Tribunales

La precariedad de medios en la Justicia de Fuerteventura llega a su límite

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 1 de mayo 2024, 23:03

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Los funcionarios de Justicia de la isla de Fuerteventura están al borde del colapso puesto que sufren cada día la precariedad de medios técnicos y humanos en unos edificios judiciales obsoletos y totalmente inseguros. La rotura de varios cristales de la fachada por parte de un encausado que fue detenido el pasado día 19 de abril, es la gota que colmó el vaso de jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores y el resto de operadores jurídicos, a los que hay que añadir a los propios usuarios que padecen también estas condiciones tercermundistas y que derivan en una Justicia lenta y menos eficaz.

Desde hace años las quejas se han sucedido de forma ininterrumpida, tanto al Gobierno de Canarias que tiene las competencias, como a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Desde las instituciones se ha trasladado en muchas ocasiones a los operarios jurídicos de la isla que están trabajando en el desarrollo de un plan que contempla la construcción de un nuevo edificio judicial que acabe con la situación de precariedad actual, pero mientras, las condiciones son cada vez peores y la inseguridad es elevada.

Un ejemplo claro sucedió el pasado día 19 de abril, cuando el antes referido encausado que pasó a disposición judicial, la emprendió posteriormente a pedradas contra cuatro ventanas de la fachada del edificio de Puerto del Rosario -en la calle Secundino Alonso- por la zona de acceso a los calabozos y el archivo. De inmediato solicitaron la presencia policial que llegó 20 minutos después habiendo un cuartel de la Guardia Civil a pocos metros aunque este último cuerpo no tiene competencias para actuar.

Los miembros de mantenimiento taparon las cristaleras como pudieron con plásticos y cartones y desde el Juzgado se pidió a seguridad que reforzaran la vigilancia del edificio puesto que cualquiera durante el fin de semana podía acceder al mismo por esas ventanas fracturadas.

No solo no hubo vigilantes por las noches, sino que al día siguiente del incidente -el sábado- el mismo vándalo volvió al edificio y lanzó piedras contra otro cristal de la Sección Civil del Juzgado Mixto número 2 de Puerto del Rosario, que entraron dentro rompiendo una mampara y un ordenador. Dicha seguridad solo estuvo hasta el domingo por la noche.

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A pesar del escrito presentado ante el TSJC y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el Decanato, las instalaciones siguen estando custodiadas únicamente por efectivos de seguridad privada -dos por turno para el control de entrada de metales- que apenas pueden preservar el orden, en un centro de controversias, en el que se han registrado numerosos incidentes a lo largo del tiempo y de citación a diario de personas con antecedentes penales.

Pero esta situación de inseguridad es solo una en la larga lista de carencias con las que conviven día a día los trabajadores de la Administración de Justicia en Fuerteventura.

Sin ir más lejos, un informe elaborado por el Juzgado en 2022 ya advertía de múltiples precariedades que siguen campando a sus anchas a día de hoy por las sedes judiciales.

Este documento alertaba de que las conexiones telemáticas eran precarias y se producían múltiples caídas del sistema. No había una red en el vacío de las plantas de los juzgados, agravado con el hecho de que un detenido se suicidó tirándose desde una segunda planta de ese edificio y tampoco contaban con la habilitación de un equipo psicosocial adscrito a la isla. Solo contaban con una sala Gesell para las pruebas preconstituidas y tampoco tenían medios de transporte, tanto para el Decanato como para el resto de los jueces. Las salas no tenían extintores, no había un técnico informático en la isla para arreglar, por ejemplo, impresoras inutilizables y tampoco existía una dependencia exclusiva para llevar a cabo las funciones del juzgado de guardia.

Una larga lista de carencias que reflejan la situación caótica de la Justicia en la isla de Fuerteventura y que perjudica no solo al trabajador, sino también al ciudadano.

El Instituto de Medicina Legal de la isla cuenta con medios tercermundistas

Si en los edificios judiciales de Fuerteventura las condiciones de trabajo son pésimas, las que viven los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de la isla se puede calificar de tercermundistas.

Este servicio cuenta con solo tres forenses que cubren siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, un Juzgado de lo Penal y dos de lo Social, que en total suman once órganos a los que hay que incluir también la Fiscalía Provincial.

Los profesionales del Imlcf utilizan incluso sus vehículos propios para los desplazamientos en guardias y traslados entre juzgados por juicios y también realizan funciones de administrativos y secretarios.

Sus despachos, denuncian, no tienen las condiciones adecuadas e incluso en uno de ellos no hay aseo, por lo que tras ver a un paciente el forense tiene que salir a un baño público para lavarse las manos. Tampoco tienen material médico adecuado en caso de urgencias como son estetoscopios, tensiómetros o glucómetros.

En las salas de autopsia carecen de ropas y zapatos propios para realizarlas y tampoco hay un sistema de almacenaje.

Dicha sala, según un informe de Inspección de Trabajo de junio de 2020, no cumple con la normativa establecida excepto la mesa de autopsias, que sí lo hacía hasta que se estropeó y dejó de funcionar correctamente.

El sistema de evacuación, de luces y de extracción de aires es deficiente y el de traslado de cadáveres esta roto desde hace más de un año.

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Los propios forenses tienen que llevar las muestras desde el hospital hasta los juzgados para identificarlas y remitirlas al laboratorio de referencia y cuando están realizando una autopsia, en alguna ocasión se les exigió salir de la sala para realizar internamientos en psiquiatría o traslados hasta los juzgados para valorar a pacientes.