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Tras dos años a base de ibuprofeno contra los dolores y sin realizarle pruebas en el centro de salud de Corralejo, a Gabriel le llegó el temido diagnóstico: cáncer de pulmón en fase 4. Ahora demanda al SCS y le reclama una indemnizaciónCuando Gabriel Villa sumó dos años de «un dolor muy grande» en el tórax que se le trataba con ibuprofeno y de insistir en el centro de salud de Corralejo sin que le hicieran caso, le llegó el diagnóstico: cáncer avanzado de pulmón en fase 4 y carcinoma epidermoide de laringe. Por aquellos dolores, simple y llanamente «insoportables», en el tórax que los médicos no esclarecieron durante meses, ni le hicieron pruebas, el paciente reclama al Servicio Canario de Salud un dinero en concepto de responsabilidad patrimonial por supuesta mala praxis sanitaria.
La buena noticia es que Gabriel, a punto de cumplir 66 años, sigue vivo. Como padre e hija son de Madrid, para allí se marcharon y recibió un tratamiento químico y de inmunoterapia que le salvó la vida. Pero, y pregunta su hija Paula: «¿es que tiene que morir alguien para que el Servicio Canario de Salud (SCS) nos haga caso?».
En Madrid, le extirparon el tumor en las cuerdas vocales, pero el del pulmón no era operable. «Estaba muy próximo a la médula espinal y por tanto no lo podían tocar».
Aunque celebrará su 66 cumpleaños y más, Gabriel no olvida los dos años en que confundieron, una vez tras otra, el cáncer de pulmón con unos simples dolores musculares torácicos. El dolor llegó a ser tan insoportable que le administraban la dosis más alta permitida de fentalino porque la lesión le estaba presionando la médula espinal.
En una de esas idas y venidas al centro de salud de Corralejo, en el municipio de La Oliva, una doctora le detectó la tensión alta y le preguntó por la afonía. A raíz de esa afonía, le detectan una lesión secundaria en las cuerdas vocales y, finalmente, le hicieron las pruebas médicas que concluyeron que era cáncer de pulmón.
Una vez recuperado, aunque con un porcentaje de invalidez que le impide llevar una vida normal y con una pensión de 400 euros, reclamó al SCS la citada responsabilidad patrimonial que mutó en la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la citada reclamación «por la pérdida de oportunidad en el tratamiento, el daño moral y el peor pronóstico vital».
En febrero de este año, a Gabriel y su familia les llegó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 que no les da la razón. «Vienen a decirnos que no había ningún indicio de que podía tener cáncer porque mi padre era fumador, ni nadie obliga a indemnizarle por el retraso en el diagnóstico de cáncer y la confusión con una dolor normal de tórax. No hay nada que obliga a una prueba adicional, según la sentencia».
Gabriel y su hija no se van a conformar y van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) porque, según uno de los peritos, el diagnóstico precoz del tumor de pulmón hubiera permitido al paciente una mayor supervivencia a cinco años y probablemente a diez años. Sin embargo, un segundo perito oncólogo solicitado por el propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 concluyó que no encontraba «a la vista de la revisión de la historia médica del paciente, una pérdida de oportunidad motivada por la actuación o falta de actuación de los profesionales sanitarios que durante este tiempo han atendido al paciente».
En este último informe oncológico, frente al del perito médico del demandante, se basa la sentencia que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial de Gabriel frente al Servicio Canario de Salud. Padre e hija no se van a quedar con los brazos cruzados.
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