El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, presentó a los representantes de los propietarios del asentamiento rural de Cofete, en el municipio de Pájara, la hoja de ruta para dotar de mayor seguridad jurídica a este asentamiento enclavado en el Parque Natural de Jandía. La solución podría pasar, indicó Miranda, por la elaboración de un proyecto de Ley para la delimitación de dicho asentamiento rural preexistente. La situación de este asentamiento rural, que incluye algunas edificaciones, quedó en un limbo jurídico al no disponer este espacio natural de su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).
Manuel Miranda explicó que la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial sí reconoció como preexistente el asentamiento rural ahora en entredicho, considerando en su disposición adicional novena su compatibilidad con el Parque Natural, tanto para este asentamiento como para la localidad del Puertito de la Cruz, en el mismo espacio natural protegido de Fuerteventura.
El consejero regional Manuel Miranda, en la reunión con el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, y las vecinas de Cofete.
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Para dotar de mayor seguridad al asentamiento, esta iniciativa legislativa «supone la delimitación el ámbito físico al que corresponde, usando como base una documentación existente desde el año 1994 y que fue utilizada para describir este espacio en el Parque Natural de Jandía», detalló el consejero regional.
La aprobación de esta Ley, que tendrá carácter transitorio, hasta que se apruebe el Plan Rector de Uso y Gestión, permitirá dar mayores argumentos jurídicos a este último documento y solucionar de manera definitiva la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios de este enclave.
Para redactar esta Ley transitoria se usará cartografía y ortofotos, datadas en el año 1994, que describe el estado en el que se encontraba esta zona, y las edificaciones en ella diseminadas. El documento tendrá vigencia hasta que el PRUG del Parque Natural de Jandía determine la ordenación pormenorizada, incluyendo este asentamiento rural y siempre que no exista incompatibilidad ambiental alguna.
Manuel Miranda explicó que esta solución planteada es una muestra «del espíritu con el que este Gobierno afronta las diferentes problemáticas existentes, analizando la situación y no descartando ninguna posible solución, siempre de acuerdo con los propietarios afectados».
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