Con una crítica a la doble moral política de Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP) y el PSOE, «que dicen en el Parlamento autonómico lo contrario de lo que dicen en las instituciones públicas de Fuerteventura», Natalia Santana, diputada de Nueva Canarias (NC), anima a los siete parlamentarios majoreros a votar en contra de las perforaciones en busca de tierras raras en el pleno de la Cámara regional prevista para el día 24 de abril. Santana, la única diputada por Fuerteventura que pidió información sobre los permisos mineros en Puerto del Rosario y Pájara a Manuel Domínguez, consejero autonómico de Industria, solicita al Gobierno de Canarias que frene los sondeos «a los que el Cabildo, los ayuntamientos y los ciudadanos han dicho no».
La parlamentaria de NC, que no se anda con rodeos y llama perforaciones a los dos proyectos de investigación en busca de tierras raras a partir de rocas carbonatitas, los califica de «amenazas serias» para el territorio de Fuerteventura, sobre todo el segundo permiso que afecta a 56 cuadrículas mineras, esto es 18,77 kilómetros cuadrados entre Ajuy y Amanay, en el municipio de Pájara. Cuatro familias de Comisianes, de las 14 afectadas por los sondeos, la acompañaron este jueves.
La consejera insular Sonia Alamo, la parlamentaria regional Natalia Santana y el presidente de NC, Román Rodríguez.
Javier Melián / Acfi Press
Santana se refirió también a la tercera solicitud del grupo Satocan en ciernes, la del municipio de La Oliva, que supuestamente afectaría a 74 cuadrículas mineras de la costa de Jarugo y del Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de yacimiento paleontológico, del barranco de los Enamorados, en Lajares, que es uno de los yacimientos de carbonatitas más importantes de Fuerteventura. «Este tercer proyecto es aún más ambicioso, si cabe, que el de Ajuy. Pero, una vez más, la isla, sus instituciones públicas y la ciudadanía tiene un desconocimiento total».
Y en este punto la diputada regional cargó contra «el ocultismo y la opacidad» para con el Cabildo majorero, los ayuntamientos y las vecinas y los vecinos en todo lo relacionado con los dos proyectos -o tres- de perforaciones mineras. «El Gobierno de Canarias no ha realizado una consulta previa a Fuerteventura, ni mucho menos a las catorce familias de Comisianes y La Solapa, que son los núcleos de población afectados por la segunda autorización de Tenáridos, del grupo Satocan».
La parlamentaria regional sostiene que las perforaciones tendrán «un impacto inmediato sobre el agua, el mar, el aire, los trabajadores de la empresa y la ciudadanía». Por eso, exige al Ejecutivo autónomo la paralización de las autorizaciones de investigación y da por sentado que «no nos podemos quedar quietos, sobre todo cuando el pueblo, en la manifestación que acabó con la cadena humana en Ajuy, dijo que no y el Gobierno de Canarias sigue adelante».
Con Natalia Santana y las familias de Comisianes, estaban el presidente nacional de NC, Román Rodríguez, y la consejera insular, Sonia Álamo. «Si el Parlamento y el Gobierno canario quieren, se pueden parar. No hay disculpas para no parar estos proyectos mineros».
El presidente de NC también aludió al doble discurso de los partidos políticos. «No perdono una postura en Fuerteventura y otra en el Parlamento porque no valen los dobles discursos».
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