«Estupor e indignación» de las patronales turísticas por el rechazo a la renovación del Oliva Beach

«Estupor e indignación» muestran las patronales turísticas de toda Canarias por la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica que realiza del litoral en el archipiélago, en particular en la licencia de modernización del hotel Oliva Beach. El Estado «desprecia» las transferencias de las competencias en Costas que la misma Administración central firmó con la Comunidad Autónoma de Canarias en agosto de 2022, y que está en vigor desde enero de este año 2023, además de poner en riesgo a la estabilidad de los 400 trabajadores.

La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) son las patronales que atacan al Ministerio por entender que su actuación resulta «escandalosa» en el caso del hotel Riu Oliva Beach, en Corralejo, en el municipio de La Oliva. Incluso apuntan a un «abuso de poder» por su pretensión de sustraer a la Comunidad Autónoma las competencias que tiene asumidas y, por tanto, su capacidad para tramitar y resolver los expedientes sobre concesiones administrativas plenamente vigentes y también otorgar autorizaciones para la renovación.

La modernización del hotel y los apartamentos resulta «necesaria» para el mantenimiento de la actividad y «acordes» con la normativa vigente, tal y como acredita la autorización concedida por el Gobierno de Canarias el 26 de mayo de este mismo año.

Las consecuencias de la paralización cautelar de las obras en el Oliva Beach, decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, son «gravísimas para la actividad en sí y la estabilidad de los puestos de trabajo, pues forzarán un nuevo cierre de las instalaciones del hotel, justo cuando la empresa culminaba los trámites para acometer los trabajos de rehabilitación acordes con la concesión administrativa en vigor».

Los 400 trabajadores del Oliva Beach son «los principales damnificados por la actitud irresponsable» del Ministerio, que también perjudica al conjunto de la actividad económica en el norte de Fuerteventura. «Cabe recordar que este hotel fue galardonado hace una semana con el Premio de Turismo Islas Canarias, que concede el Gobierno autonómico, por su contribución durante décadas a la proyección internacional de Corralejo y Fuerteventura como destino turístico de éxito en los mercados europeos, resultado de la calidad ofrecida, el compromiso con la comunidad local y también la adopción de todas las normas precisas de protección ambiental».

Los empresarios del turismo respaldan «plenamente» los argumentos de la empresa Riu en defensa de sus derechos legítimos y confían igualmente «en la firmeza» del Gobierno de Canarias para sostener en las instancias adecuadas, incluidas las judiciales, la plena facultad de la Comunidad Autónoma para ejercer las competencias transferidas, «a salvo de intromisiones y actitudes hostiles» que resultan «totalmente intolerables y dejan entrever una visión arrogante» y además muy poco compatible con los principios del autogobierno.

El caso del Oliva Beach es un ejemplo «de comportamiento arbitrario» de la Administración central, «pero también un precedente alarmante« respecto al comportamiento general del Ministerio para la Transición Ecológica respecto a la gestión del litoral en las islas. En este aspecto, las patronales hoteleras respaldan la posición del actual Gobierno de Canarias en defensa del ejercicio de sus competencias en materia de gestión del litoral.

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