El Cabildo denuncia ante los tribunales al Gobierno canario por 9 de 30 parques renovables autorizados

La política energética vuelve a enfrentar al Cabildo de Fuerteventura con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Contra la aprobación de nueve de un total de 30 parques de energías renovables durante la legislatura pasada, la primera institución majorera presenta sendos recursos contencioso-administrativos por «saltarse el planeamiento insular por la vía del interés general».

Aunque esta liza energética no es directamente contra el 'zapatazo' por la pérdida de ocho millones de euros destinados a la planta de residuos del complejo insular de Zurita, la Corporación majorera pone de nuevo en el punto de mira al área regional de Transición Ecológica, aunque durante la legislatura de José Antonio Valbuena. Este exconsejero, durante los escasos dos meses del Ejecutivo canario en funciones, dio el visto bueno a la mayoría de estos 30 parques eólicos y solares en Fuerteventura por la llamada vía 6.bis, esto es al concederles el interés general y acelerar así su implantación. De esta treintena de proyectos, el Cabildo sólo ha podido recurrir ante los tribunales a nueve, los 21 restantes seguirán adelante a lo largo y ancho de todo el territorio majorero.

Contra el uso de esta vía excepcional para dar el visto bueno a parques renovables sin tener en cuenta el planeamiento de Fuerteventura, el Cabildo ya había advertido el pasado mes de septiembre al Gobierno de Canarias con una serie de requerimientos previos. «Tenían un mes para contestar y no hemos sido escuchados, por lo que acudimos a los tribunales para intentar parar este atropello. No vamos a detenernos hasta que se respete la voz de la sociedad y de las instituciones majoreras», avisa la presidenta insular Lola García. urante los meses de julio y agosto, se estudió uno por uno la treintena de parques autorizados. «Y sólo llegamos a tiempo de estos nueve».

Estos nueve recurridos se reparten «por toda Fuerteventura», confirma la primera mandataria majorera, desde Puerto del Rosario (dos) hasta Antigua, pasando por Tuineje (dos). No es la primera vez que la Corporación Insular lleva ante los tribunales al Ejecutivo autónomo por las autorizaciones a parques. El antecedente hay que buscarlo en la legislatura 2015-2019, bajo la égida del presidente Marcial Morales, pero no salió adelante por no haberse secundado la subsanación mediante acuerdo del pleno insular.

Por lo pronto, y para evitar errores similares, el Cabildo ha contratado a un jurista especialista en esta materia y que ha dividido los nueve recursos en tres bloques, tomando como criterio la similitud de los proyectos, detalla Nereida Calero, consejera de Ordenación del Territorio. «Este mismo martes se presentó el primer bloque de recursos ante el Juzgado Contencioso-administrativo». Hasta el 5 de diciembre está abierto el plazo para presentar el resto de recursos.

Además de a los tribunales, y a la vista de que Transición Ecológica no contesta ni da datos, el Cabildo ha echado mano de los parlamentarios por Fuerteventura a los que solicita que pidan información desde la Cámara regional sobre el número de parques eólicos y fotovoltaicos aprobados por la vía extraordinaria del interés general en el resto de islas. Por ahora, sólo se tiene la certeza de que el Cabildo de Lanzarote acordó durante la legislatura pasada el rechazo a la implantación de renovables a través de la vía excepcional del 6.bis, esto es el interés general que abrevia trámites administrativos y exime el pago de licencias municipales, entre otras ventajas.

De hecho, y según los datos manejados por Lola García, en dos legislaturas sólo se autorizó un parque renovable en Lanzarote. «El 6.bis tiene que ser ante un caso excepcional y el Gobierno canario lo está usando de forma ordinaria para con Fuerteventura y sin respetar el PIOF y los PGO municipales».

Sobre la ubicación de los 21 renovables autorizados por el Gobierno de Canarias durante la legislatura pasada y que no son susceptibles de recurrir ante los tribunales, la consejera insular de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, sólo aclara que están repartidos por varios municipios. «En cambio, en todas las isla existe una localización noroeste y sudeste de proyectos eólicos y fotovoltaicos. El disparate de Fuerteventura no se ve en el resto de Canarias: la isla picada de norte a sur, sin orden, ni planificación, en suelos agrícolas, incluso en suelos con valores paisajísticos según el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Fuerteventura (PIOF). Es una auténtica barbaridad que no se puede permitir».

La responsable insular muestra también su preocupación ante la intención de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias de seguir utilizando la figura del interés general para la planificación energética en la isla. Nereida Calero señala que «nos preocupa que en las últimas reuniones que hemos tenido con el consejero y la viceconsejera, reiteren su empeño en seguir utilizando esta vía».

Frente a esta actitud, Calero pide «lealtad institucional: que nos dejen ordenar y hacer las cosas bien, porque Fuerteventura no es un laboratorio para instalar proyectos de forma descontrolada y dañando nuestro territorio de manera irreversible. Precisamente lo que están haciendo es ir en contra del verdadero interés general de los majoreros con el uso del artículo 6.bis».

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