Territorio ·
La campaña contra los containers cerró en 2024 con 53 expedientes urbanísticos abiertos en La Oliva y Tuineje, quince resueltos por iniciativa de los infractores. El Cabildo presenta un vídeo de concienciación contra las instalaciones no autorizadas en suelo rústico realizado por el director de cine Adrián Tejero«El territorio de Fuerteventura no lo aguanta todo», avisa Manuel Miranda, consejero de Política y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias. Por eso, en los dos últimos años, de 2023 a 2024, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió 309 expedientes que incluyen infracciones urbanísticas como la instalación de containers, caravanas, viviendas prefabricadas y de palets en suelo rústico y en espacios naturales protegidos, además de seis por parcelación ilegal.
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Estos expedientes en trámite -vuelve a avisar el Gobierno de Canarias, secundado por el Cabildo de Fuerteventura- «nadie los va a parar porque son trámites muy rigurosos, con lo que finalmente los infractores deberán pagar las sanciones, además de restaurar el territorio».
En la segunda reunión del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos majoreros para buscar solución al problema de la proliferación de todo tipo y de materiales sobre suelo rústico, se dieron más cifras este jueves. La campaña específica contra estas prácticas ilegales que atentan contra el paisaje arrancó a principios de 2024 con 32 expedientes por infracciones urbanística ya en trámite, a los que se han ido sumando otros 21 iniciados durante el resto del pasado año.
Estos 53 expedientes corresponden a los municipios de La Oliva, por donde se inició la campaña, y de Tuineje. De este total, quince se resolvieron al aceptar los infractores la retirada voluntaria de los contenedores: ocho ya los quitaron por sus propios medios y siete están en proceso de hacerlo.
Sobre el resto de expedientes penden sanciones de entre 6.000 y 150.000 euros, según el caso, «si el procedimiento deriva en multa por la no retirada en tiempo de estos contenedores», especifica el consejero regional.
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La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural primero requiere a los infractores e informa de las multas «porque están produciendo un año al territorio que estamos intentando evitar en Fuerteventura», subraya la presidenta majorera Lola García.
Estas infracciones por instalación en suelo rústico son «fácilmente subsanables», en el sentido de la solución pasa por su eliminación. «Ninguna de estas infraestructuras son legalizables sobre suelo rústico o sobre espacios naturales protegidos», recalca el Gobierno.
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A los actuales procedimientos de apertura de expedientes contra el territorio, hay que sumar que el primer borrador de actualización de la Ley del Suelo de Canarias los refuerza a través de dos medidas. Por un lado, amplía los plazos de tramitación y resolución de los expedientes por infracción contra el territorio de cuatro a ocho años, «con lo que te puede llegar la sanción en ese tiempo». Por otro lado, esta actualización de la Ley del Suelo aumenta la cuantía de las multas a pagar hasta un total de 300.000 euros.
Esta segunda reunión sobre el problema de las infracciones urbanísticas sobre suelo rústico incluyó este jueves la presentación de una campaña de concienciación que buscar reforzar las acciones de vigilancia y control ante la proliferación de instalaciones no autorizadas en suelo rústico.
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El director de cine Adrián Tejero firma el vídeo de concienciación ciudadana que empieza con un container cayendo sobre la plaza de Santa María de Betancuria y varios sobre la playa de Jarugo. El mensaje es claro y se proclama bien alto en la campaña: «Más de 500 instalaciones no autorizadas sobre suelo rústico en los últimos años». Para finalizar con una pregunta: «¿Queremos esto para Fuerteventura?».
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