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«Le pido disculpas por comunicarme con usted en esta época del año, pero hay un asunto que urge llamar su atención». Así comenzaba el mensaje que llegó el 27 de diciembre de 2020 al Servicio Canario de Salud (SCS), dirigido entonces por Conrado Domínguez, y que alertaba a ese ente público de que, tras la operación con la empresa RR7 United para el suministro de mascarillas, se escondía una presunta estafa.
Dos días después, una conversación por Whatsapp entre Samuel Machín, que hacía de comisionista para RR7 United, y el dueño de esa empresa, Rayco González, incluye una referencia a Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias en esas fechas y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática: «Hermano, flipa, que no solo se pusieron en contacto con él [Conrado Domínguez] sino también con el presidente del Gobierno, flipa, como que es una organización criminal».
En lugar de denunciar lo ocurrido y resolver toda relación con RR7, activando en ese momento la recuperación de los 4 millones pagados a la empresa por un millón de mascarillas del modelo 1860 de la empresa 3M, el Servicio Canario de Salud acabó dándole otra oportunidad a la compañía. Consistía en la entrega de 1,2 millones de mascarillas de otro modelo, material que tampoco llegó.
CANARIAS7 ha accedido al intercambio de mensajes entre Rayco González, dueño de RR7 United, y Samuel Machín, que actuaba como comisionista y contacto entre la empresa y Conrado Domínguez.
Ese 27 de diciembre de 2020, Conrado Domínguez copia vía Whatsapp a Samuel Machín un correo que había recibido firmado por David Wright, CEO de Guardian Global Trading. El correo va dirigido hacia el «estimado presidente Pérez y excelencia Oramas», que son los segundos apellidos de Ángel Víctor Torres y del que fuera consejero de Sanidad, Blas Trujillo. Todo el texto se refiere a la operativa desarrollada por RR7 United para conseguir mascarillas.
Lo que se le cuenta es que Guardian Global Trading ha recibido un encargo de un millón de mascarillas 1860 de 3M, con el grupo AWD como intermediario, y que la fabricación se encomendó a la empresa sudafricana Lylatech, «que había prometido que en un período de dos semanas proporcionaría acceso al producto con fines de verificación y transacciones» [El mensaje estaba en inglés y fue traducido al español con una aplicación].
Agrega David Wright que llegaron a la conclusión de que desde Lylatech les estaban engañando y seguidamente detalla que el dinero pagado por el Gobierno de Canarias a RR7 está en posesión «de los abogados de Macintosh, Cross y Faquharson, bajo la curadería del abogado Latham Dixon, (...) y hemos sido informados por 3M (...) que instruirán al Servicio de Policía de Sudáfrica para incautar el producto hasta que obtenga una resolución. Por favor, no crea que lo estoy amenazando de ninguna manera. A todos nos gustaría proporcionar a su Gobierno estos suministros médicos críticos tan pronto como sea posible, pero solo queremos que las partes que están realmente autorizadas a brindarle este servicio sigan los canales y la ética adecuados».
Se menciona al empresario Ishan Al Sabbagh, que ha sido también imputado por la Fiscalía Europea en el caso Mascarillas, al igual que Lucas Cruz, que igualmente medió en la operación, y al propio Samuel Machín.
¿Qué hace Conrado Domínguez con ese mensaje que llega a Sanidad? Se lo copia vía Whatsapp a Samuel Machín y añade: «Las mascarillas ya se entregaron?».
A las 20.36 de aquel 27 de diciembre de 2020, Machín le contesta: «Déjame informarme de esto y te digo algo».
-Conrado Domínguez: Me he quedado flipando. Mañana me cuentas.
-Samuel Machín: Tranquilo, mañana te digo todo.
-C.D.: Cuándo tienen previsto entregarlas?
En paralelo, el comisionista Samuel Machín copia esa conversación al dueño de RR7.
-S.M.: Hermano, qué le digo!!! Me está preguntando Conrado que cuándo tenemos previsto entregar las mascarillas. Le he dicho que mañana le confirmo.
-Rayco González: Mañana ponemos al día a Conrado de todo, están hablando ahora Lucas e Ihsan.
La conversación entre el propietario de RR7 y Samuel Machín acaba ese día con el intercambio de imágenes coches de lujos. Cabe recordar que RR7 era una empresa de compraventa de vehículos, sin experiencia sanitaria.
El 28 de diciembre es Samuel Machín quien manda un mensaje matinal a Conrado Domínguez.
-S.M.: Buenos días míster!!! He flipado más que tú. Pero ya está todo solucionado. Llámame en cuanto puedas para explicarte.
-C.D.: Ok. ¿Cuándo se entrega?
-S.M.: Están nuestros abogados preparando una carta para enviártela durante el día explicando esto que ha pasado, durante el día también me dicen cuándo estará la mercancía aquí, vale...
-C.D.: Genial, ya hablamos después.
El 29 de diciembre, es Rayco González quien envía a Samuel Machín la copia de un mensaje remitido por Charles Douglas, de la empresa LLP, explicando al director del SCS que en su compañía no hay nadie con el nombre de David Wright y que lo que había recibido fue elaborado por un grupo delictivo. Le agrega que las mascarillas llegarán «mañana» a Gran Canaria «a través de vuelo aéreo privado».
Samuel Machín le contesta y le refiere una conversación con Conrado Domínguez: «Hermano, flipa, que no solo se pusieron en contacto con él sino también con el presidente del Gobierno, flipa, como que es una organización criminal».
Ese día 29 todos se relajan ante el mensaje que dice que las mascarillas iban a llegar. Por la tarde Samuel Machín manda a Rayco González este texto en tono festivo, con emoticonos incluidos: «Conrado dice que traigas las mascarillas ya que quiere vernos para hacer la cena de empresa con nosotros dice. Miedo me da la cena esa hermanito».
Pasaron tres meses hasta que salió de Addis Adeba una carga con destino a Gran Canaria. Pero el Servicio Aduanero las retuvo: venían con sellos de Perú falsificados y el 25 de marzo 3M confirmó a RR7 que las mascarillas no eran de su marca.
El 13 de mayo de 2021 se publicó la resolución del contrato. Sanidad no inició acciones legales, tampoco hizo público lo ocurrido, ni informó al Parlamento. Más bien todo lo contrario: en junio ya estaban ultimados los contactos entre RR7, Lucas Cruz, Samuel Machín, Conrado Domínguez y la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, para reactivar el contrato a cambio del compromiso de la empresa de coches de entregar 1,2 millones de mascarillas de otro modelo, manteniendo el coste de la operación.
Esa mercancía tampoco llegó y solo entonces el Gobierno acudió a la vía de embargo. A día de hoy no ha recuperado un céntimo.
Todas esas conversaciones forman parte del material que fue entregado en su día por Rayco González al juez Francisco Javier García García-Sotoca, que empezó a instruir el caso Mascarillas en la capital grancanaria a partir de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Los mensajes fueron remitidos a la Policía Nacional para su análisis.
En ese momento entró en escena la Fiscalía Europea, que asumió las competencias al entender que se habían usado fondos comunitarios. Ese órgano fiscalizador levantó el secreto de las actuaciones, amplió la lista de investigados y los ha citado a todos entre abril y mayo a declarar en Madrid para que den las oportunas explicaciones.
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