Exterior de la Ciudad de la Justicia, en la capital grancanaria. arcadio suárez
Fallece una de las testigos del caso Mascarillas
caso mascarillas ·
María Salomé Ballesteros, jefa de Contratación del Servicio Canario de Salud, se opuso al segundo pago de dos millones a RR7
F.C.O.J. F./ F.S.A.
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 8 de enero 2023
María Salomé Ballesteros Rodríguez, jefa de Contratación del Servicio Canario de Salud y una de las personas que declaró en calidad de testigo en la instrucción del caso Mascarillas, falleció el pasado día 7.
Su fallecimiento ha llenado de consternación a sus compañeros, que valoraron su profesionalidad y dedicación al trabajo.
En octubre de 2020, la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS) nombró a los miembros de la Mesa Permanente de Contratación. Fue entonces cuando María Salomé Ballesteros, jefa del Servicio de Contratación y Asuntos Generales, asumió la presidencia de la Mesa Permanente de Contratación. Como suplente fue designada Antina Micó Guillén, jefa de Sección de Estudios y Análisis Económicos. Las dos fueron requeridas en su día para aportar su opinión profesional en calidad de testigos en la investigación del caso Mascarillas.
Ante la Fiscalía Anticorrupción, María Salomé Ballesteros señaló que en su momento trasladó a Ana María Pérez, entonces directora de Recursos Económicos del SCS, su opinión contraria a realizar un segundo pago de dos millones de euros a la empresa RR7 por la compra de un millón de mascarillas. Pese a ello, se libró ese segundo pago y el material sanitario jamás fue entregado al Servicio Canario de Salud. En aquella declaración, María Salomé Ballesteros recordó las dudas que había planteado a Ana María Pérez sobre el hecho de que se hubiese contado para esa contratación con una empresa de compra y venta de coches, sin experiencia en el sector sanitario, y sin cautela alguna al sellar el acuerdo con el Servicio Canario de Salud.
En 2022 la Fiscalía Anticorrupción acabó presentando por esos hechos querella por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Tras ser admitida la querella, el juez Francisco Javier García García-Sotoca incluyó también el presunto delito de malversación.
A los tres investigados iniciales (Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez y el empresario Rayco Rubén González), se sumaron después otros cuatro: la esposa, la madre y un primo del dueño de RR7 y Osvaldo Lastras, amigo de Conrado Domínguez y la persona que habría puesto en contacto a la empresa de coches con el departamento sanitario en pleno estallido de la pandemia.
La instrucción del caso fue asumida a finales del pasado año por la Fiscalía Europea, al entender esta que se habrían malversado fondos comunitarios, pese a que la Intervención de la Comunidad Autónoma trasladó al juzgado un informe que señalaba que finalmente no se cargó la operación a fondos europeos.
El caso Mascarillas acabó provocando la dimisión de Conrado Domínguez. La publicación por este periódico de mensajes que desarmaban su tesis de que no había contactado con Rayco Rubén González hizo que perdiera el apoyo del Gobierno. Domínguez finalmente cesó cuando se le comunicó que, si no lo hacía, su destitución sería abordada en una reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.
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