El Estado busca mecanismos para obligar a las regiones del PP a asumir menores en caso de que se nieguen

El Gobierno de España se pone la tirita antes de la herida. Ante la posibilidad de que las comunidades del PP utilicen subterfugios para evitar acoger a los niños migrantes de Canarias, tras la convalidación del decreto ley aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados, distintos ministerios están estudiando fórmulas para obligar a las regiones a acoger a estos chicos sin excepción alguna.

Actualmente están estudiando propuestas que se remitirá en próximos días al Ministerio de Juventud de cara a ultimar otro nuevo decreto ley que será aprobado en el Consejo de Ministros, según recoge hoy El País que ha tenido acceso a un borrador preliminar de seis páginas.

En ese documento se apunta que, una vez el menor llegue a una comunidad autónoma en contingencia migratoria (como está ahora Canarias al superar el número de niños acogidos tres veces sus plazas) será entrevistado en un plazo de 48 horas que será remitido al delegado del Gobierno de cada región. En este caso, Anselmo Pestana, que será la persona el competente para resolver el procedimiento y proponer la comunidad de destino del menor. Después se escuchará al menor y a la región de destino para ver si aceptan el traslado. De no ser así se activará a la FIscalía, que es el último garante de los derechos de los menores.

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Los niños tendrán que salir de las regiones en un plazo de 15 días. En Canarias las primeras salidas están previsas en dos semanas y los primeros en salir serían los chicos llegados este fin de semana, como indicó ayer el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.