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Emilio Moya y Carlos Vielba, en una imagen de archivo. C7
El caso Damco y el que provocó la recusación de dos magistrados, pendientes

El caso Damco y el que provocó la recusación de dos magistrados, pendientes

Moya y Vielba fueron apartados tras una decisión en la que concluyeron que Ramírez no era administrador de Seguridad Integral

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 15 de abril 2024, 23:08

Miguel Ángel Ramírez tiene otras causas pendientes, como el llamado caso Damco, y otra por presunto fraude fiscal que motivó la recusación de los magistrados Emilio Moya y Carlos Vielba.

El caso Damco nació tras la querella interpuesta por la Fiscalía Provincial de Las Palmas en la que acusa de seis delitos contra la Hacienda Pública al presidente de la UD Las Palmas y también al político Lucas Bravo de Laguna, así como a los empresarios Christian Cerpa y Noel Jammal, por haber vendido en 2020 y 2021 material al Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia por importe de 22,9 millones de euros, todo ello articulando, supuestamente, un entramado para no tributar lo debido y sin justificar la actividad.

La fiscal Evangelina Ríos pone la lupa en las ganancias que ingresaron los investigados por parte directa de la concesionaria de los contratos por la vía de emergencia, una suma que ascendió a los 9,4 millones de euros. Los dos delitos fiscales atribuidos a Ramírez consisten, según la querella, en haber eludido el pago impuestos por esas ganancias por valor de 1,45 millones en 2020 y 1,54 millones en 2021, al no tributarlas como persona física, vía IRPF, sino por la vía del Impuesto de Sociedades, a través de Tabaiba, tras haberse acogido a los beneficios fiscales de la Reserva para Inversiones en Canarias.

En el otro procedimiento referido, el TSJC apartó a dos magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de conocer y resolver procedimientos que afecten a Ramírez, al considerar acreditado que entre ellos existe una relación de amistad manifiesta.

Esta decisión estimó el incidente de recusación formulado por la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos contra los dos miembros de la Sección Sexta de la Audiencia tras dictar un auto de archivo en una causa que investigaba supuestos fraudes atribuidos -presuntamente- a Seguridad Integral Canaria (SIC) entre los años 2014 y 2016, con el argumento de que Ramírez ya no era el administrador de esa empresa. Esta cuestión cobra gran valor a la luz de la sentencia de la Audiencia notifica este lunes.

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